Buenos Aires, 25 diciembre (NA) — El Gobierno de Estados Unidos impuso restricciones de visado a cinco ciudadanos de la Unión Europea y del Reino Unido, entre ellos un excomisario europeo y activistas vinculados a la regulación de contenidos digitales, al acusarlos de promover la censura en redes sociales estadounidenses, informó el Departamento de Estado, según supo la Agencia Noticias Argentinas.
La medida fue anunciada este martes y se enmarca en la Estrategia de Seguridad Nacional de la administración estadounidense, que cuestiona a líderes europeos por presuntas limitaciones a la libertad de expresión. En ese contexto, Washington volvió a manifestar su rechazo a la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) de la Unión Europea, una normativa destinada a combatir el discurso de odio y la desinformación.
“El Departamento de Estado está tomando medidas decisivas contra cinco personas que han liderado esfuerzos organizados para coaccionar a plataformas estadounidenses a censurar, desmonetizar y suprimir puntos de vista estadounidenses a los que se oponen”, afirmó el secretario de Estado, Marco Rubio, sin detallar inicialmente los nombres.
Horas más tarde, la subsecretaria de Diplomacia Pública, Sarah Rogers, reveló en la red social X la identidad de los sancionados. Entre ellos figura el excomisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, a quien calificó como “el cerebro de la Ley de Servicios Digitales”.
También fueron incluidos Imran Ahmed, director ejecutivo del Centro para Contrarrestar el Odio Digital; Anna-Lena von Hodenberg y Josephine Ballon, de la organización alemana HateAid; y Clare Melford, cofundadora del Global Disinformation Index.
Desde Europa, Hodenberg y Ballon sostuvieron en un comunicado que la prohibición de visados busca obstaculizar la aplicación de la legislación europea a empresas estadounidenses que operan en el continente. En tanto, un portavoz del Global Disinformation Index calificó la decisión de Washington como “inmoral e ilegal”, y la describió como un acto autoritario que, paradójicamente, socava la libertad de expresión.
La decisión profundiza las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Europea en torno a la regulación de las grandes plataformas digitales y el alcance de las normas sobre contenidos en internet.
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