Buenos Aires, 25 diciembre (NA) — La Red Mujeres para la Justicia, junto a Amnistía Internacional, el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Campaña GQUAL, rechazaron la propuesta del gobernador de Santa Fe de postular a dos candidatos varones y una mujer para cubrir vacantes en la Corte Suprema provincial, al considerar que viola el principio de igualdad de género y el derecho a una representación inclusiva de las mujeres en el Poder Judicial, según supo la Agencia Noticias Argentinas.
Las organizaciones señalaron que, de aprobarse las nominaciones enviadas a la Legislatura, el máximo tribunal santafesino quedaría integrado por cinco varones y solo dos mujeres, lo que contradice el mandato de paridad incorporado recientemente en la Constitución provincial.
El cuestionamiento surge luego de que el 17 de diciembre el Ejecutivo provincial dictara el decreto que inició el procedimiento formal para cubrir tres vacantes en una Corte de siete miembros. Se trata de la segunda vez que el gobernador propone el doble de candidatos varones que mujeres: en 2024, tras la ampliación del tribunal de seis a siete integrantes, también se postularon dos varones y una mujer, quienes hoy integran la Corte.
REFORMA CONSTITUCIONAL Y MARCO NORMATIVO
La nueva postulación se da apenas tres meses después de una reforma constitucional que incorporó la obligación de “procurar la paridad de género” en la integración de la Corte Suprema. Según advirtieron las entidades, esta exigencia refuerza un mandato constitucional y convencional que ya tenía antecedentes en Santa Fe, como el Decreto N° 18/2007 y la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley N° 10.160, con el artículo 11 bis incorporado en 2020).
SUBREPRESENTACIÓN HISTÓRICA DE MUJERES
En más de 130 años de historia, la Corte Suprema de Santa Fe solo contó con dos juezas mujeres. En ese contexto, las organizaciones alertaron que la propuesta oficial no solo desconoce los avances normativos recientes, sino que también vulnera la Constitución Nacional y la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
“El principio de paridad no se agota en cupos mínimos, sino que implica un reparto pleno e igualitario del poder (50/50)”, recordaron, citando los estándares del Comité de la CEDAW, que considera a la paridad un principio jurídico central de la buena gobernanza.
UN LLAMADO A REVISAR LA DECISIÓN
Las entidades subrayaron que el máximo tribunal debe estar integrado por personas con idoneidad jurídica, compromiso con la independencia judicial, los derechos humanos y una postura activa contra toda forma de discriminación de género. En ese sentido, afirmaron que apostar por la paridad no es solo una cuestión de equidad, sino un paso clave para fortalecer la legitimidad democrática y la confianza pública en las instituciones.
Finalmente, señalaron que Santa Fe tiene una oportunidad histórica para revertir la subrepresentación de mujeres en su Corte Suprema. Con el proceso de participación ciudadana aún abierto y pendiente el acuerdo legislativo, instaron al Poder Ejecutivo a revisar su decisión y a la Legislatura a hacer efectivo el reciente mandato constitucional.
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