Brasilia, 6 de enero de 2026 (NA) — Tras someterse a cuatro intervenciones desde el pasado 24 de diciembre para tratar una doble hernia en la ingle y un episodio continuado de hipo, el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, salió del Hospital DF Star de Brasilia a las 18:43 hora brasileña (21:43 GMT) para regresar en una caravana de vehículos policiales a la comisaría central de la Policía Federal en la capital brasileña.
Estuvo 8 días internado en el nosocomio y en el ínterin el Tribunal Supremo de Brasil rechazó la nueva petición de prisión domiciliaria por motivos humanitarios presentada por los abogados del capitán retirado del Ejército.
De modo que tuvo que regresar a prisión, constató la agencia Noticias Argentinas.
En rueda de prensa celebrada este miércoles, los médicos del líder de la ultraderecha brasileña afirmaron que la salud del expresidente está estable, pese a que no fue solucionada totalmente las crisis de hipo, por lo que autorizaron el alta.
Aún así habían alegado en la presentación judicial que la salud del expresidente está muy debilitada tras cuatro operaciones a las que ha sido sometido.
El ex mandatario brasileño cumple una condena de 27 años y tres meses por la conspiración golpista para mantenerse en el poder después de la derrota electoral que sufrió ante Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.
LAPIDACIÓN
Amnistía Internacional había sido lapidaria en el informe 1000 dias sem direitos – as violações do governo Bolsonaro (1.000 días sin derechos: Las violaciones del gobierno Bolsonaro).
Puso de manifiesto 32 actuaciones del gobierno que condujeron claramente a graves violaciones de derechos humanos desde la toma de posesión del presidente hasta el 26 de septiembre de 2021.
Millones de personas en todo el país notaron los efectos de estás políticas nocivas en sus bolsillos, en sus mesas a la hora de comer, en sus territorios y en sus cuerpos.
El país que Bolsonaro había descripto en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas no existe, sostuvo la ONG.
Lejos de las pretensiones de un presidente que afirma que gobierna un país sin corrupción, con sólida protección ambiental y credibilidad restaurada de cara al mundo, la realidad es que Brasil está sumido en una crisis de derechos humanos grave y multidimensional.
El desempleo afecta a 14 millones de personas, que forman parte del 56% de la población que hace frente a la inseguridad alimentaria y tiene escaso o ningún acceso a asistencia social.
El hambre afectaba cada día a 19 millones de personas —de modo desproporcionado a personas Negras e Indígenas—, y con frecuencia las mujeres asumieron en solitario el desafío de asegurar el cuidado y la subsistencia de sus familias, sin apoyo alguno del gobierno federal.
La ayuda económica de emergencia, que comenzó a prestarse en 2020, se interrumpió durante tres meses y después se reanudó con capacidad reducida.
Las organizaciones de la sociedad civil se han movilizado para mitigar los efectos del hambre en Brasil, han distribuido alimentos a residentes de las favelas y han prestado asistencia jurídica para ayudar a personas Indígenas y Quilombolas (Personas Afrobrasileñas residentes en asentamientos históricos fundados por personas esclavizadas que escaparon) a defender sus derechos.
Pero el Estado también debe hacer más, sentenció.
ATAQUES A LA PRENSA
Bolsonaro y otras autoridades de alto rango atacaron constantemente a la prensa, desacreditaban el trabajo de miles de periodistas y otras personas trabajadoras de medios de comunicación, y con gran frecuencia amenazaban el Estado de derecho.
Mientras tanto, al alentar la deforestación y la extracción de recursos naturales en la Amazonia, el expresidente agravó el impacto de la crisis climática en las tierras y territorios de los Pueblos Indígenas y Quilombolas, que dej{o un legado de destrucción ambiental.
El gobierno de Bolsonaro relajó aún más las protecciones y los mecanismos de preservación, y comunidades enteras quedaron expuestas a desastres, violencia y abandono.
En el área de la seguridad pública, el gobierno había ampliado el acceso a armas de fuego en un 65%, a pesar de que Brasil es ya uno de los países con más muertes por arma de fuego del mundo.
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