Buenos Aires, 8 de enero de 2026 (NA) – El Gobierno de Javier Milei estudia aplicar un sistema de gestión privada en cinco grandes hospitales ubicados en territorio bonaerense -cuatro en el conurbano y uno en el interior-, tres de ellos que llevan el nombre del expresidente Néstor Kirchner.
Son ellos el “Néstor Kirchner”, de Cañuelas; el “René Favaloro”, de La Matanza, el “Presidente Néstor Kirchner”, del mismo distrito, el “Bicentenario”, ubicado en Esteban Echeverría, y “El Cruce Dr. Néstor Kirchner”, ubicado en Florencio Varela, conforme enumeró la agencia Noticias Argentinas.
El argumento es la deuda millonaria que el Ejecutivo adjudica a la provincia de Buenos Aires para solventar el funcionamiento de esos nosocomios.
La Federación de Trabajadores de la Salud rechazó la iniciativa y se declaró en estado de alerta y movilización.
Adujo que se pondría el riesgo el acceso universal al sistema porque los usuarios deberían pagar una cápita para acceder a la atención.
Entre las opciones que se barajan para administrar esos hospitales, la que cuenta con mayores probabilidades es la aplicación del llamado “sistema español”.
Consiste en concesionar a un privado, con aplicación de un sistema de cápitas que, en teoría, asegure el acceso de los sectores más vulnerables a las prestaciones que se brindan en ellos.
Si bien el ministro de Salud de Milei, Mario Lugones, no descarta otras alternativas, como el traspaso a Provincia, desde hace tiempo entre miembros de su equipo vienen comentando que sería posible solventarlos con aportes de las empresas de medicina prepaga y las obras sociales.
Consideran que el esquema de gestión privada garantiza la atención de población vulnerable a través de cápitas, un modelo que implica la concesión de cupos, con un tope máximo.
AVANZADA PRIVATIZADORA
Del lado gremial replican que “los hospitales SAMIC cumplen un rol estratégico dentro de la red sanitaria nacional y provincial, garantizando el acceso a la salud de millones de personas y constituyéndose, en muchos territorios, en centros de referencia de alta complejidad.
“Cualquier intento de privatización o gerenciamiento privado, aun bajo el argumento de garantizar la atención de la población vulnerable, implica un cambio de paradigma que subordina la salud al lucro, fragmenta el sistema y pone en riesgo tanto las condiciones laborales de las y los trabajadores como la continuidad y calidad de las prestaciones”, expresaron.
Además, consideraron que “esta avanzada privatizadora se inscribe en una política sostenida de desfinanciamiento y vaciamiento de los hospitales públicos, que en el caso de los SAMIC resulta particularmente grave debido a su gran dependencia del financiamiento nacional”.
Añadieron que “el impacto de estas políticas ya se expresa con crudeza en el funcionamiento cotidiano de estas instituciones. Un ejemplo de ello es la situación que atraviesan las y los trabajadores del Hospital El Cruce de Florencio Varela, quienes vienen desarrollando diversas acciones para visibilizar una realidad económica crítica que obliga a gran parte del personal a sostener múltiples empleos o emprendimientos para poder llegar a fin de mes”.
Finalmente, expresaron que “la asfixia económica y financiera que impone el Gobierno de Milei, que mantiene una deuda de aproximadamente 14,7 billones de pesos con la Provincia de Buenos Aires, no puede resolverse trasladando las consecuencias a los hospitales, a sus equipos de salud ni a la comunidad”.
Una duda que persiste es el formato legal que debería utilizarse para avanzar.
UN DEBATE IMPOPULAR EN EL CONGRESO
La lógica indica que debería hacerse por ley, porque los hospitales fueron creados por esa vía. Pero eso obligaría al gobierno a un debate impopular en el Congreso, con el antecedente de la pelea por el financiamiento del Hospital Garrahan. Por eso, nadie descarta que Milei podría recurrir a un decreto.
Actualmente, los cinco hospitales son gestionados por un equipo directivo designado por Nación pero a la vez tienen un consejo de administración con miembros nombrados por Provincia, aunque en minoría.
Lugones le reclama a Nicolás Kreplak una deuda que, según Manuel Adorni, ronda los $500 mil millones, pero que el ministro de Salud de Kicillof niega, más allá de que admite que puede hacer algún remante de partidas impago.
El ministro nacional también habría evaluado la posibilidad de provincializar los cincos hospitales, para que los gestione directamente el gobierno de Kicillof, que se ha mantenido en silencio sobre este tema.
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