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Eutanasia y salud mental: qué dice el informe que expone la brecha legal entre Argentina y Uruguay

Buenos Aires, 23 enero (NA)– La regulación del final de la vida enfrenta un nuevo dilema ético y jurídico: la aplicación de la eutanasia en casos de padecimientos exclusivamente mentales. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, un informe técnico elaborado por la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) advierte sobre la falta de protocolos seguros para determinar la “irremediabilidad” del sufrimiento psíquico y destaca el contraste normativo en el Cono Sur.

El estudio compara la reciente legislación uruguaya con el marco restrictivo argentino y las tendencias en Europa y Norteamérica, donde los debates sobre la capacidad decisoria y la vulnerabilidad social frenaron avances legislativos.

EL MAPA REGIONAL: DOS MODELOS OPUESTOS

Mientras la región debate, el Río de la Plata presenta dos paradigmas legales antagónicos respecto a la muerte asistida:

* Uruguay (Modelo Activo): En 2024 se convirtió en el primer país de América Latina en aprobar la eutanasia activa. La norma permite la práctica bajo condiciones estrictas: mayoría de edad, aptitud psíquica demostrada y sufrimiento “insoportable” (físico o psicológico).
* Argentina (Modelo Pasivo): El marco legal se limita a la eutanasia pasiva (Leyes 26.529 y 26.742), permitiendo el rechazo a tratamientos y el retiro de soporte vital. Sin embargo, cualquier acción directa para causar la muerte sigue tipificada como delito en el Código Penal (arts. 79 y 83).

DATOS GLOBALES: FRENOS Y ESTADÍSTICAS

El informe de la UADE recopila datos internacionales que evidencian la complejidad de aplicar la eutanasia en salud mental:

* Canadá (Freno hasta 2027): El parlamento decidió postergar la implementación de la muerte asistida por trastornos exclusivamente psiquiátricos (MAID). La razón principal fue la conclusión de que hoy no es posible garantizar evaluaciones clínicas seguras sobre la irremediabilidad del cuadro.
* Países Bajos (Casos en aumento): Es uno de los pocos países que admite estas solicitudes. En 2023, se reportaron 138 casos de eutanasia vinculados a problemas psiquiátricos, aunque bajo estrictos controles de “debido cuidado”.
* Bélgica: Registra un número considerable de casos asociados a depresión mayor, trastornos de personalidad y esquizofrenia, lo que mantiene encendido el debate ético sobre los sesgos hacia la discapacidad psicosocial.

LOS 3 NUDOS CRÍTICOS DEL DEBATE

El documento académico identifica tres barreras técnicas y éticas que dificultan la regulación en salud mental:

1. Irremediabilidad difícil de probar: A diferencia de una enfermedad terminal física, en salud mental es complejo demostrar que no existe tratamiento eficaz futuro, dado que los pronósticos son probabilísticos y la medicina evoluciona.
2. Capacidad fluctuante: La autonomía del paciente puede variar abruptamente debido al dolor emocional o la medicación, cuestionando si el consentimiento es válido y sostenido en el tiempo.
3. Riesgo social: Existe el peligro de que factores como la pobreza, el aislamiento o la falta de acceso a cuidados paliativos induzcan la solicitud de muerte, convirtiendo desigualdades estructurales en motivos para la eutanasia.

LA VISIÓN DE LAS RELIGIONES

El informe también analiza la influencia de los marcos éticos religiosos, que actúan como un factor de contención en el debate público:

* Consenso opositor: Las principales religiones monoteístas (católica, judía, islámica y evangélica) rechazan la eutanasia, considerándola incompatible con la dignidad humana y el valor intrínseco de la vida.
* Argumento central: Sostienen que extender la práctica al sufrimiento psíquico debilita la responsabilidad del Estado de garantizar cuidados, promoviendo una solución terminal ante fallas del sistema de salud.

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