Buenos Aires, 30 enero (NA) — Los defensores del ciudadano ruso Konstantin Rudnev, imputado por presunta trata de personas y detenido en la cárcel de Rawson, presentaron un recurso de revisión contra la resolución del Tribunal que revocó la prisión domiciliaria que el juez de Garantías Gustavo Zapata había concedido el 21 de enero por motivos de salud.
El escrito, al que accedió en exclusiva la Agencia Noticias Argentinas, está firmado por el equipo de defensores liderado por Carlos Broitman y sostiene que se trata de un remedio autónomo para que se reexamine una decisión que, según afirman, agravó las condiciones sanitarias del detenido.
El planteo se apoya en los artículos 360 y 364 del Código Procesal Penal Federal.
Los abogados de Rudnev sostuvieron que toda medida de coerción es provisoria, mutable y revisable, y esa exigencia se refuerza cuando está en juego el derecho a la salud de una persona privada de libertad.
La defensa remarcó que el artículo 364 prevé el principio de doble conforme: si el Ministerio Público Fiscal impugna y el resultado empeora la situación del imputado, éste puede pedir revisión.
Por eso, sostienen que el nuevo examen no solo es posible, sino obligatorio.
El escrito reconstruye lo ocurrido el 21 de enero, cuando el juez de Garantías Zapata concedió la prisión domiciliaria por el artículo 32, es decir, por salud.
Asimismo, la defensa recalcó que la discusión sanitaria se apoya en datos “objetivos y actuales”.
Uno de los ejes es una pérdida de peso de Rudnev superior a 50 kilos, que los médicos describieron como un signo clínico “de extrema gravedad”.
Los profesionales citados por el escrito -jefes de servicio del Hospital de Clínicas- sostuvieron que un cuadro así exige internación inmediata para un estudio integral.
En el planteo se menciona la sospecha de patologías severas, incluso oncológicas, digestivas o pulmonares, y se subrayó que el abordaje ambulatorio sería insuficiente.
Otro punto que la defensa es el rol de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), cuyo informe fue incorporado a instancias del propio Ministerio Público Fiscal.
Según el recurso, ese informe reconoció un “riesgo aumentado clínicamente significativo” y admitió que la evaluación estaba incompleta por falta de estudios esenciales.
Para los abogados, allí aparece una idea clave: el artículo 32 inciso “A” no exige riesgo vital inminente, sino que la cárcel impida tratar o recuperar adecuadamente la dolencia.
Señalaron que la falta de diagnóstico no es una excusa para negar la domiciliaria, sino la prueba de que el sistema no pudo abordar el cuadro a tiempo.
El escrito también apunta a lo que denomina una imposibilidad “estructural y objetiva” de realizar estudios dentro del circuito actual.
En ese sentido, cita un informe del Hospital Santa Teresita de Rawson donde se habría informado que varios estudios no podían hacerse por falta de especialidades y medios técnicos.
Para la defensa, esa constancia desmiente la postura de que la atención médica podía garantizarse con traslados locales habituales.
A la vez, remarcaron que, después de más de seis meses, el sistema penitenciario no logró ejecutar estudios indicados a pesar de las recomendaciones médicas.
La mayor disidencia se da en el cuestionamiento al argumento de la Fiscalía que sostiene que Konstantin Rudnev se niega a recibir atención médica.
Los defensores cuestionaron las “actas de negativa” de atención médica. Afirmaron que son formularios preimpresos firmados bajo una barrera idiomática “insalvable” y que Rudnev escribió en ruso su voluntad de ser atendido, sin traducción ni comprensión por parte del personal.
Incluso mencionan que el médico de la Unidad 6 habría reconocido que no traduce lo que el imputado escribe porque no tiene medios para hacerlo.
Sumado a eso, sostuvieron que no había registros actualizados “tan básicos” como el peso actual al momento de la audiencia, lo que -según la defensa- muestra límites concretos del control sanitario en la cárcel de Rawson.
El recurso indicó que en la audiencia hubo una coincidencia transversal en un punto: todos los médicos, incluso los vinculados a la acusación o al sistema, coincidieron en la necesidad de internación para lograr un diagnóstico certero.
Para los abogados, esa convergencia es decisiva porque muestra que el problema no era “una opinión” contra otra, sino un cuadro clínico no resuelto.
En sus conclusiones, el texto afirmó que la decisión revisora “banaliza” el derecho a la salud porque lo subordina a una certeza diagnóstica que el propio sistema no logró producir en meses.
Por eso, el pedido es concreto: que se haga lugar al recurso, se integre un nuevo tribunal para tratarlo y se revierta la revocación que restituyó el encierro intramuros.
En paralelo, la defensa anticipó que dejó planteadas reservas para ir a Casación y, eventualmente, a la Corte Suprema, si el resultado vuelve a ser adverso.
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