Buenos Aires, 7 febrero (NA) — El abogado Carlos Broitman, defensor del presunto líder de la secta rusa de Bariloche, Konstantin Rudnev, presentó una acción de hábeas corpus preventivo al denunciar presuntas tareas de seguimiento e inteligencia sobre su domicilio particular, que atribuye a personal de fuerzas de seguridad del Estado.
Según pido averiguar la Agencia Noticias Argentinas, el planteo se realizó al amparo del artículo 43 de la Constitución Nacional y de la Ley 23.098, ante el temor de una restricción ilegítima de su libertad ambulatoria y una afectación a su integridad personal.
Según el escrito, los hechos ocurrieron en su vivienda del country “El Venado”, en la localidad bonaerense de Canning.
La presentación sostiene que “las circunstancias detectadas exceden una conjetura subjetiva y configuran un cuadro objetivo de gravedad institucional”. Asimismo, el abogado pidió la intervención urgente del Poder Judicial para esclarecer el origen y la legalidad de las maniobras.
El episodio que detonó la presentación ocurrió cuando una persona se presentó en el acceso principal del barrio privado manifestando ser representante de la empresa Mercado Libre. Según relató Broitman, el individuo solicitó verificar si él residía efectivamente en ese domicilio, un requerimiento que llamó la atención del personal de seguridad del country.
Tras esa consulta, el sujeto se retiró e ingresó a una camioneta Toyota Hilux blanca, en la que se encontraban otros cuatro hombres. Ante lo inusual de la situación, la guardia del barrio activó el protocolo interno y dio aviso inmediato al abogado, y también se realizó un llamado al sistema de emergencias 911.
Con posterioridad, y ya con intervención policial, se estableció un dato clave: la camioneta utilizada no pertenecía a una empresa privada. Según consta en la presentación judicial, “el vehículo resultó ser propiedad del Ministerio de Seguridad de la Nación”, un elemento que, para la defensa, agrava de manera sustancial el cuadro denunciado.
Tras conocerse ese dato, Broitman sostuvo que “el episodio no puede ser interpretado como un hecho aislado ni casual” y lo vinculó con su rol como defensor en la causa conocida como la “secta rusa de Bariloche”.
En declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas, el letrado afirmó: “Son presiones para que nos apartemos de la defensa, hemos ingresado como defensores meses después de la intervención de varios estudios jurídicos que renunciaron o los apartaron de la defensa. Estamos convencidos que la acusación no soporta el control jurisdiccional para llevar adelante un juicio con las acusaciones aceptadas por las anteriores defensas”.
Asimismo, Broitman remarcó: “Están a la caza de abogados que ejercen ampliamente de acuerdo a lo que establece la ley la defensa de nuestros asistidos”. Y precisó: “Que acusen y que se establezca la verdad en un juicio justo”.
El abogado afirmó que esa constatación vuelve “absolutamente inverosímil” la excusa comercial invocada para justificar la averiguación sobre su domicilio.
En el escrito se señaló que la utilización de una identidad falsa para recabar información sensible genera un temor concreto y razonable. Ese temor, sostiene, se ve reforzado por el carácter oficial del rodado involucrado.
El abogado afirmó que desconoce por completo “si las tareas detectadas responden a una orden judicial válida, ¿quién las habría dispuesto y con qué finalidad?”.
También señaló que ignora si existe algún tipo de investigación formal en su contra, y que nunca fue “notificado de actuación judicial alguna”.
En ese marco, sostuvo que, “de existir una causa legítimamente ordenada”, su voluntad “es presentarse de inmediato ante la autoridad competente”.
“Lo inadmisible es cualquier actuación clandestina o subrepticia”, subrayó en su presentación.Y para Broitman, ese tipo de prácticas resulta incompatible con un Estado de Derecho.
En el hábeas corpus se destaca que la modalidad empleada -presentarse bajo una identidad falsa y recabar datos personales en un domicilio particular- “habilita plenamente la vía excepcional elegida”.
El escrito sostiene que “no se trata de un temor abstracto, sino de una situación actual y verificable”.
En respaldo de su denuncia, el abogado acompañó el registro fotográfico obtenido por el sistema de seguridad del country, donde se observa la camioneta involucrada. Y esa prueba fue incorporada para acreditar la verosimilitud del relato.
Broitman pidió que el juez ordene medidas inmediatas para verificar si existen tareas de vigilancia o inteligencia sobre su persona.
En otro tramo del planteo, el abogado vinculó el episodio con su actuación profesional como defensor de Rudnev en la causa FGR 2878/2025, que tramita ante la Fiscalía Descentralizada de San Carlos de Bariloche.
En ese contexto, recordó un antecedente que calificó como de “extrema gravedad institucional”.
Se trata de un pedido previo del Ministerio Público Fiscal para allanar el domicilio del abogado de la presunta víctima y secuestrar sus dispositivos electrónicos.
Esa medida fue rechazada por el juez de Garantías, al considerar que vulneraba el derecho de defensa y el secreto profesional.
Broitman sostuvo que, durante distintas audiencias de esa causa, representantes de la fiscalía “deslizaron expresiones que permitirían inferir una eventual intención de investigar a abogados vinculados al expediente”.
Para la defensa, ese contexto refuerza la razonabilidad del temor actual y permite advertir un posible patrón de actuación.
En su presentación, alertó que “investigar o vigilar a defensores técnicos afecta garantías constitucionales básicas”. También remarcó que, si las tareas denunciadas guardan relación con su rol profesional, “la situación adquiere una dimensión institucional aún más grave”.
El escrito subraya que la defensa técnica “no puede ser objeto de intimidación ni vigilancia irregular”.
La gravedad del planteo se profundizó con una ampliación de la presentación firmada por Broitman y el abogado Fabián Lekerman.
En ese escrito “se informó que la defensa corroboró la titularidad de la camioneta Toyota Hilux involucrada”.
Para ello, “ingresaron el dominio en el sistema de infracciones de tránsito de la provincia de Buenos Aires, lo que permitió identificar el CUIT del titular registral”.
“Luego, al verificar ese CUIT en registros públicos, se confirmó que el vehículo pertenece al Ministerio de Seguridad de la Nación. Esa constatación fue documentada y acompañada como prueba”, se indicó.
En su petitorio, Broitman solicitó que “se tenga por interpuesta la acción en tiempo y forma y que se ordenen las medidas necesarias para determinar si existen tareas de seguimiento o vigilancia”.
También pidió que, de comprobarse su existencia sin orden judicial válida, “se disponga su inmediata cesación”.
Además, requirió que “se oficie a las autoridades correspondientes para que informen quién dispuso la intervención y con qué objetivos”.
El abogado reclamó “protección expresa de su libertad ambulatoria y de su integridad personal”.
Asimismo, solicitó “resguardar el pleno ejercicio de su actividad profesional”.
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