Buenos Aires, 10 febrero (NA) – Luego de algunas piruetas en el aire del Gobierno respecto del proyecto de ley que se someterá a discusión, el Régimen Penal entrará este miércoles en la recta final del debate cuando el oficialismo busque firmar desde las 10.30 el dictamen de mayoría en un plenario de comisiones que será la antesala de la sesión del jueves.
El plenario de las comisiones de Legislación Penal, Familias, Niñez y Juventudes, Justicia, y Presupuesto y Hacienda, se desarrollará este miércoles desde las 10.30 con la conducción de la diputada Laura Rodríguez Machado (La Libertad Avanza), en tanto que la sesión fue convocada para las 11 del jueves con un temario que también contempla la votación del proyecto de ratificación del tratado comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.
Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, el oficialismo no tendrá mayores inconvenientes en firmar junto a sectores aliados el despacho de mayoría y hasta se daría el lujo de atraer algunas firmas del peronismo, en particular del Frente Renovador.
MARCHAS Y CONTRAMARCHAS
Pese a que ya había un acuerdo consolidado con sectores aliados para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, el Poder Ejecutivo sorprendió el lunes por la mañana cuando ingresó un proyecto de ley Penal Juvenil que esquivaba los consensos y, una vez más, forzaba el umbral mínimo de responsabilidad penal en los 13 años.
El disgusto que generó en los aliados este capricho del Gobierno obligó a la Casa Rosada a recoger el barrilete y retirar por la noche el proyecto.
Al margen de la impericia fluctuante con la que se manejó el oficialismo en este asunto, la anécdota no cambia un ápice la hoja de ruta ni entorpece el desenlace.
LA TRASTIENDA
El oficialismo, en realidad, no necesitaba enviar un nuevo proyecto para poder dictaminar este miércoles, ya que el plenario de comisiones está habilitado para usar cualquiera de los expedientes presentados sobre la materia e introducirle los cambios que considere necesario en la redacción para el nuevo despacho.
No por casualidad en la convocatoria a la sesión del jueves, la presidencia de la Cámara baja incluyó en el temario 15 proyectos de ley vinculados al régimen de minoridad.
Si el oficialismo presentó el lunes un nuevo proyecto fue para marcar autoridad y derechos de autor, más como una herramienta de negociación preventiva por si en el transcurso del debate a algún sector se le ocurría pedir más modificaciones.
El principal cambio que plasmaba la última iniciativa era la asignación de fondos para financiar la implementación del nuevo régimen de Minoridad: más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones de pesos para el Ministerio de Justicia.
En la iniciativa original del Gobierno se dejaba librado el financiamiento a la discrecionalidad de Jefatura de Gabinete, lo que levantaba la sospecha de que la ley terminara siendo letra muerta.
Más allá de haber retirado el último proyecto, existe un compromiso verbal para que en el dictamen de mayoría que se firme este miércoles quede incluido el financiamiento con las partidas específicas, además de fijar en 14 la edad de responsabilidad penal.
LOS DETALLES DE LA REFORMA
Además de la polémica por la edad de imputabilidad, en el régimen especial de minoridad se entrecruzan múltiples planos dimensiones como los tipos de delitos punibles, las sanciones o castigos alternativos a las penas privativas de la libertad, los lugares donde cumplir la pena, y las medidas complementarias de resocialización.
El proyecto de ley deja de lado la posibilidad de dictar una condena de reclusión perpetua y pretende fijar un máximo de 15 años de prisión para menores.
Para delitos con penas menores a 3 años, o hasta 10 años sin violencia grave, se priorizan medidas con un enfoque social y educativo, además de tener libertad asistida y realizar tareas comunitarias, en lugar de la prisión efectiva.
LA MIRADA DEL GOBIERNO
Desde el Ejecutivo indicaron que esta iniciativa busca terminar con la llamada “puerta giratoria” de la permanente entrada y salida de los menores a la delincuencia y condenar delitos cometidos por jóvenes de 16 años que, actualmente, mantienen impunidad con la ley vigente (22.278).
La iniciativa va muy en línea con el espíritu que emana permanentemente el Gobierno y en particular el presidente Javier Milei de que el que “las hace las paga”, y que frente a un “delito de un adulto, pena de adulto”.
La idea es elevar los costos para quienes delinquen, en este caso a los menores de edad, y que tomen consciencia de a qué consecuencias se exponen si siguen el camino del delito.
También hay una narrativa antigarantista con perspectiva de víctima que combate la idea de que hay que considerar a los autores de delitos como víctimas de un sistema social que los excluyó.
Argentina es uno de los pocos países que no cuenta con un régimen penal de minoridad junto con Cuba, y de ahí el debate sobre la necesidad de generar un marco que por un lado aplique sanciones diferenciales a los menores que delinquen pero al mismo tiempo genere mecanismos de resocialización, de reinserción laboral para que cuando salgan del encierro no vuelvan a caer en el espiral de la delincuencia.
LA MIRADA DE LA OPOSICIÓN DURA
Desde la oposición más dura, refractaria a la reforma, señalan que no hay evidencia empírica real en Latinoamérica ni el mundo que respalde la idea de que aplicando más severamente el Código Penal sobre menores bajen los índices de criminalidad o delincuencia.
Brasil, por caso, bajó la edad de imputabilidad a los 12 años y la tasa de homicidios en dicho país, lejos de bajar, trepó a 23.1 cada 100 mil habitantes, un número escalofriante.
La oposición sostiene que el problema de la criminalidad juvenil es estructural y obedece a un sistema histórico de exclusión social que deja a la deriva a miles de jóvenes que sienten que no tienen nada que perder y son empujados al delito por desesperación y falta de oportunidades. #AgenciaNA
