Buenos Aires, 10 febrero (NA) – La Municipalidad de General Pueyrredon difundió en su boletín oficial un decreto que autoriza la destrucción de expedientes consignados en un anexo, una medida administrativa que suele disparar pedidos de detalle sobre qué documentación se elimina y bajo qué resguardo previo.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la decisión fue formalizada mediante el Decreto Nº 0222/26, que establece: “Autorízase la destrucción de los expedientes detallados en el Anexo I.”
El texto publicado remite específicamente al Anexo I, donde se enumeran los expedientes alcanzados por la medida, que pasa a ser el corazón del debate porque define el universo de documentación que deja de estar disponible en soporte físico.
En términos de control público, este tipo de disposiciones suele quedar bajo seguimiento por dos motivos: trazabilidad (qué se destruye, por qué y cuándo) y resguardo (si existe copia digital y cómo se garantiza la conservación de información relevante).
El municipio publicó la medida en su boletín, pero el impacto real se juega en el detalle: áreas involucradas, antigüedad de los expedientes y si hay causas administrativas o judiciales vinculadas que exijan conservación.
En Mar del Plata, donde la discusión pública suele tensionarse con compras, obras y contrataciones, la publicación de una destrucción de expedientes tiende a amplificar la demanda de máxima precisión documental y criterios verificables.
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