Buenos Aires, 13 febrero (NA) — La defensa de Konstantin Rudnev, imputado por presuntos delitos de trata de personas y detenido en la causa conocida como la “Secta rusa de Bariloche”, presentó en las últimas horas un recurso de casación para cuestionar la revocación de la prisión domiciliaria.
El planteo del abogado Carlos Broitman, apunta contra una resolución del 5 de febrero de 2026 de los Jueces de Revisión del Distrito General Roca, que declaró inadmisible una impugnación de la defensa.
Según los letrados, esa decisión consolidó una modalidad de detención más gravosa y vulneró garantías como el derecho al recurso, el doble conforme y el debido proceso.
En paralelo, el miércoles pasado, el juez de Garantías Gustavo Villanueva rechazó un pedido de sobreseimiento presentado por la defensa de Rudnev.
En declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas, Broitman afirmó que el rechazo no implicó un análisis de fondo del caso.
“Se realizó la audiencia de sobreseimiento de Konstantin Rudnev, a quien consideramos totalmente ajeno a los hechos que se le imputan”, sostuvo.
Asimismo, agregó: “El doctor Villanueva, un juez federal de gran experiencia, rechazó nuestra pretensión sin ingresar en el fondo del asunto”.
Broitman detalló que el juez entendió que, faltando poco más de un mes para el vencimiento del plazo de investigación, correspondía diferir el análisis del sobreseimiento.
“El plazo fue otorgado por el doctor Zapata para que la fiscalía formule acusación y hoy restan aproximadamente un mes y veinte días”, precisó.
El magistrado consideró que el planteo era “prematuro”, porque falta solo un mes y medio para que se termine el plazo que tiene la Fiscalía de formalizar la acusación.
La audiencia se centró en una investigación por presunta infracción al artículo 145 bis del Código Penal.
Es decir, la acusación a Rudnev de cometer delitos de trata de personas contra la presunta víctima Elena Makarova.
Una acusación que se mantiene más allá de que Makarova declaró en Cámara Gesell que no fue víctima de nada ni de nadie y que denunció a los fiscales en estos términos: “No fui víctima de ninguna persona de nacionalidad rusa en argentina ni de ninguna organización internacional dedicada al crimen como maliciosamente intentaron describir los representantes de Ministerio Publico Fiscal”.
El juez en la audiencia del miércoles otorgó a las partes un tiempo de exposición y escuchó a la defensa, a la fiscalía federal descentralizada de Bariloche, al abogado de la presunta víctima, a la asesora de menores y a la Unidad de Defensa Pública.
El planteo defensivo apuntó a que no existen elementos suficientes para sostener una imputación válida.
Para los abogados, la complejidad del delito no puede reemplazar la ausencia de pruebas concretas.
Durante su exposición, Broitman solicitó el sobreseimiento en los términos de los artículos 269 y 270 inciso C del Código Procesal Penal Federal.
Señaló que la causa se apoya en hipótesis que no han sido corroboradas y que los tipos penales imputados no fueron acreditados.Pidió que la fiscalía precise los hechos, los fundamentos y la calificación legal.
Según la defensa, esa falta de precisión es uno de los problemas centrales del expediente.
La fiscalía, por su parte, solicitó el rechazo del sobreseimiento y afirmó que existe una hipótesis fiscal ya formalizada el 3 de abril de 2025 y que cerrar el caso en esta etapa afectaría el sistema acusatorio.
El abogado de la presunta víctima, David Ezequiel Malnero, no se opuso al sobreseimiento solicitado por la defensa de Rudnev, mientras que la asesora de niñas, niños y adolescentes consideró que el planteo reedita cuestiones ya tratadas.
En relación al plazo que resta para que se formule una acusación, Broitman advirtió que, llegado ese momento, la fiscalía tendrá varias opciones procesales.
“Los fiscales pueden acusar, pueden no acusar, pueden cambiar la calificación legal o incluso pedir el sobreseimiento. Creemos que es inminente un cambio de calificación”, afirmó.
El letrado lanzó una advertencia: “Estamos frente a una causa en la que incluso los propios abogados defensores están siendo investigados por el Ministerio Público Fiscal desde General Roca”.
A su criterio, esa situación compromete seriamente el derecho de defensa y agrava el cuadro procesal.
“Es una situación extremadamente grave para cualquier Estado de Derecho”, concluyó el abogado defensor.
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