Buenos Aires, 18 febrero (NA) – La senadora por el bloque Justicialista (PJ) Juliana Di Tullio presentó este miércoles una denuncia penal ante la Justicia Federal para que se investigue “una red de funcionarios y particulares presuntamente involucrados” en la contratación irregular de cursos de inglés de Cancillería por más de $114 millones vinculados con María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger,
Según información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la denuncia identifica con nombre y apellido a los principales responsables de la maniobra que habría beneficiado a la asociación dirigida por la mujer del funcionario y a otras personas.
Además de Rouillet, que fue denunciada como coautora del delito de defraudación a la administración pública por ser la directora ejecutiva de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), beneficiada con el contrato, también fue señalada María Cristina Dellepiane, quien adjudicó la contratación directa a través de la Disposición DI-2026-21-APN-SSCYAE#MRE, al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
El canciller Pablo Quirno también está en la lista por la presunta comisión del delito de “encubrimiento por omisión de denuncia”.
Según la presentación, el ministro “optó por justificar públicamente la contratación a través de sus redes sociales” en lugar de denunciar las irregularidades.
Sturzenegger es el cuarto funcionario que aparece en esta red señalado por “presunto tráfico de influencias”: la denuncia sostiene que “no se puede descartar su mediación ante las autoridades de Cancillería” para obtener la adjudicación directa “que benefició a la entidad dirigida por su cónyuge”.
La senadora Di Tullio también solicitó que se investigue como “partícipes necesarios” a los directores de las áreas técnicas que permitieron la viabilidad del contrato, entre quienes se encuentran los titulares de Desarrollo de Recursos Humanos (Cancillería); Compras y Contrataciones (Cancillería); Asuntos Jurídicos (Cancillería); Planificación de Políticas de Transparencia y el director nacional de Ética Pública (Oficina Anticorrupción).
“(Todos los involucrados) se habrían alejado de un ‘fin lícito’ para garantizar un beneficio para un tercero vinculado con un ministro del Poder Ejecutivo Nacional”, concluye la denuncia. #AgenciaNA
