Buenos Aires, 18 febrero (NA) — El proyecto de Reforma Laboral salió del Senado con una reducción de tres puntos porcentuales en las contribuciones patronales, un beneficio neto para las empresas que supera el nuevo aporte del 1% para grandes empresas y 2,5% para Pymes destinado al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), cuyo costo fiscal directo inicial anual se estima en 0,47% del PBI, que equivale a la mitad del costo que contenía el texto original.
El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) calculó que el costo fiscal directo inicial anual de la reforma completa experimentó una reducción del 48% respecto al proyecto original, en un informe al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.
Mientras que la propuesta inicial demandaba una inversión pública de 0,89 puntos porcentuales (p.p.) del Producto Bruto Interno (PBI), el texto aprobado situó el costo total en 0,47 p.p. del PBI.
La gran apuesta del Gobierno de Javier Milei apunta a que ese “costo fiscal directo inicial anual” con la baja de alícuotas derive en una mayor formalización, lo que implicaría una mayor base imponible directa y una compensación de la pérdida anual de ingresos para el sistema previsional, señaló el instituto cordobés que orienta Ñadin Algañaraz.
Solo el aporte del 3% destinado al Fondo de Asistencia Laboral podría ubicarse en torno a los USD 2.600 millones, tomando como referencia el salario bruto promedio informado al SIPA.
Si se consideran las cifras del sistema de Cuentas Nacionales del INDEC sobre remuneraciones asalariadas, ese monto podría escalar hasta aproximadamente USD 4.700 millones por año.
Excluyendo la remuneración, el costo laboral para el empleo registrado -del lado del empleador- pasa de 27% a 15%.
CONTEXTO INTERNACIONAL
IARAF analizó que, dado el contexto de los países de la OCDE, se identifica el cambio de posición que tendría Argentina a raíz de los cambios realizados.
Los países con mayor carga sobre un trabajador promedio de la muestra son Bélgica (52,6%), Alemania (47,9%) y Austria (47,3%).
Por otro lado, los países con menor cuña fiscal son Nueva Zelanda (20,8%), Chile (7,2%) y Colombia (0%).
Si se considera la cuña fiscal completa, es decir la integrada por los aportes personales, las contribuciones patronales y el impuesto a las ganancias, Argentina con su carga del 34,6% ocupa el puesto número 25 de carga tributaria de la muestra de 39 países (orden de mayor a menor), por debajo de la cuña fiscal promedio de los países miembros de la OCDE.
Al incorporar los cambios previstos por la Reforma Laboral, la cuña fiscal total de un trabajador formal de una empresa grande en Argentina se reduce al 34,1%, manteniéndose en el puesto número 25 de los 39 analizados.
En el caso de un trabajador empleado por una PYME, la carga baja al 33,4% y también conserva el puesto 25.
Por último, para un trabajador alcanzado por el Régimen de incentivo a la formalización laboral (RIFL), cuya vigencia es de 48 meses, la cuña fiscal desciende al 27,8% del costo laboral total, lo que implica un desplazamiento hasta el puesto 32 dentro del grupo de 39 países analizados.
MALOS ANTECEDENTES
La baja de contribuciones ya se había probado en los 90: desde 1994 se redujeron 10 puntos y el ex ministro Domingo Cavallo en el 2001 las disminuyó aún más.
Ese 20,4 fue 16 y el 17 a 13 los que aportaban a AFJP. El resultado fue que no funcionó y desfinanció el sistema.
El motivo se atribuyó a que las cuatro reformas laborales no acompañaron el objetivo propuesto.
Actualmente, la elasticidad de la demanda de empleo es muy distinta.
Si Argentina hubiese crecido a un ritmo del 2% anual per cápita, hoy los salarios andarían por los 2500 dólares, aproximadamente, promedio.
Pero esa no fue la realidad.
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