Buenos Aires, 25 febrero (NA) — El teniente coronel español Antonio Tejero murió este miércoles a los 93 años, justo el día en que el Gobierno desclasificó los documentos del intento golpe de Estado del que fue uno de los cabecillas en 1981.
Así lo confirmó el estudio de abogados que representa a la familia de Tejero, reportó el diario El Mundo y supo la Agencia Noticias Argentinas.
Hace dos días se cumplió además el 45 aniversario del asalto al Parlamento español.
Tejero, junto con 200 guardias civiles, irrumpió en el Congreso de los Diputados con pistola en mano en la tarde del 23 de febrero de 1981, mientras se celebraba la segunda sesión de votación para la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como presidente del Gobierno de España.
El militar franquista arribó aquella tarde en el hemiciclo a gritos: “¡Quieto todo el mundo!”.
Durante diecisiete horas y media, los guardias civiles secuestraron en el hemiciclo a los diputados y a los representantes del Gobierno constitucional.
A la una de la madrugada del 24 de febrero, el rey Juan Carlos I, vestido con uniforme de capitán general de los Ejércitos, se dirigió a la nación por televisión para situarse en contra de los golpistas y defender la Constitución española.
Aquel intento de acabar con el Estado de derecho fue neutralizado, y los golpistas, condenados a prisión. Uno de los cabecillas, el general Jaime Milans del Bosch, fue sentenciado a 30 años y puesto en libertad condicional en 1990. El general Alfonso Armada Comyn fue condenado a 6 años y ampliada a 30 por el Tribunal Supremo, e indultado en 1988. El teniente coronel Antonio Tejero fue condenado a 30 años y puesto en libertad condicional en 1996.
DOCUMENTOS DESCLASIFICADOS
El Gobierno de España desclasificó este miércoles los documentos relacionados con el 23F y habilitó su consulta pública en la web de la Moncloa. Entre las 153 unidades documentales figuran transcripciones de llamadas telefónicas del golpista Antonio Tejero desde el Congreso sitiado, informes y notas del CESID previas, durante y posteriores al asalto, y registros procedentes de los ministerios de Interior, Defensa y Exteriores.
La decisión, anunciada el lunes por el presidente Pedro Sánchez, busca “saldar una deuda histórica con la ciudadanía”: que la memoria deje de estar bajo llave y que las democracias puedan conocer su pasado para construir “un futuro más libre”, según sus palabras.
La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, explicó que las unidades documentales permanecieron clasificadas durante décadas y ahora estarán disponibles para historiadores, investigadores y la ciudadanía a través de los canales oficiales.
El Ejecutivo justifica la apertura de los archivos en la necesidad de combatir bulos y desinformación que alimentan a la ultraderecha y confunden a las nuevas generaciones sobre la dictadura franquista, señaló elDiario.es.
Expertos e historiadores aplauden la decisión aunque mantienen cautela sobre lo que los documentos finalmente aportarán. La prensa española ya revisa los archivos con especial atención al papel del entonces rey Juan Carlos I en los hechos.
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