Buenos Aires, 5 marzo (NA) – La Corte Suprema de Justicia dejó firmes las cuatro condenas por asociación ilícita en la causa conocida como la “Mafia del Oro”, un fraude al Estado en los años 90 que, mediante operaciones comerciales simuladas, permitió obtener reintegros impositivos indebidos por unos 20 millones de dólares.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron por inadmisibles los recursos presentados por las defensas y confirmaron las penas de tres años de prisión para Mario Jorge Grinschpun, Luis Eduardo Ricigliano, Edgardo Enrique Roggenbau y Carlos Axel Augspach por el delito de asociación ilícita.
En paralelo, el máximo tribunal también desestimó el planteo de la AFIP, que actuó como querellante, contra la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal que había declarado prescripto el delito de defraudación a la administración pública.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la investigación se centró en las actividades del denominado “Grupo Piana”, cuyos integrantes montaron una estructura empresarial para simular operaciones comerciales entre distintas firmas que figuraban en el circuito de comercialización de productos destinados a la exportación.
De ese modo se aprovechaban del régimen de beneficios previsto en la ley del Impuesto al Valor Agregado para exportaciones, lo que les permitía obtener reintegros impositivos que en realidad nunca habían ingresado a las arcas del Estado.
HACE MÁS DE 30 AÑOS
Los hechos investigados ocurrieron entre 1993 y 1995. En una etapa anterior del expediente, en febrero de 2014, el Tribunal Oral en lo Penal Económico condenó a los principales directivos de Casa Piana.
Enrique Piana recibió seis años de prisión por 19 hechos de defraudación a la administración pública y asociación ilícita en carácter de jefe y organizador, pena que se unificó en ocho años y dos meses por otra condena previa.
Miguel Seligman fue condenado a tres años de prisión en suspenso como miembro de la organización.
JUICIO ORAL
La segunda parte del caso llegó a juicio oral en 2017, cuando se dictaron condenas de tres años de ejecución condicional y multas por asociación ilícita para Augspach, Guillermo Jorge Campbell, Grinschpun, Roggenbaum y Ricigliano, mientras que Marcelo De Laurentis y Alberto Giusti recibieron dos años de ejecución condicional por participación necesaria en defraudación a la administración pública.
Posteriormente, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal revisó el caso.
En 2022 ratificó las condenas por asociación ilícita, aunque finalmente consideró prescripto el delito de defraudación, tras un nuevo fallo dictado luego de que la Corte Suprema anulara una resolución anterior por falta de “unidad lógico-jurídica”.
Finalmente, el máximo tribunal rechazó los recursos presentados por las defensas contra las condenas por asociación ilícita y también los planteos de la querella que insistían en mantener la acusación por defraudación.
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