Buenos Aires, 5 febrero (NA) — El Gobierno de Javier Milei derogó el decreto que habilitaba a la Procuración del Tesoro a actuar como querellante en una causa vinculada al Grupo Macri, en una decisión adoptada mediante una edición extra del Boletín Oficial y que fue interpretada como una señal política hacia el ex presidente y líder del PRO.
La medida se formalizó a través del Decreto 87/2026, que dejó sin efecto el artículo 1° del Decreto 239/21 e instruyó a la Procuración del Tesoro de la Nación a cesar su intervención como querellante en la Causa N° 3561/2019, tramitada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 5.
En los considerandos, el Poder Ejecutivo fundamentó la decisión en el archivo de la causa dispuesto el 2 de febrero por la jueza interviniente, quien concluyó que no se cometieron los delitos denunciados y que los cuestionamientos formulados se vincularon con decisiones de política económica, propias del ejercicio de facultades discrecionales y ajenas al control penal.
Según el decreto, la Procuración del Tesoro analizó la resolución judicial y consideró que respetó los parámetros constitucionales del debido proceso y se fundó en el derecho vigente y en los hechos comprobados del expediente, de acuerdo con lo que pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.
El texto oficial también destacó que la Procuración actúa principalmente en los fueros contencioso administrativo, civil y comercial federal y que su participación en procesos penales resulta excepcional, además de no contar con áreas especializadas en investigación o litigación penal compleja, función que corresponde al Ministerio Público Fiscal.
En ese marco, el Gobierno sostuvo que corresponde priorizar un uso eficiente de los recursos públicos y evitar superposiciones de funciones que puedan interpretarse como interferencias entre poderes del Estado con fines de persecución política.
La decisión se conoció en un contexto judicial sensible para el ex presidente Mauricio Macri.
A fines de 2024, la Corte Suprema de Justicia de la Nación transfirió al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires la causa por la quiebra del Correo Argentino S.A., cuya concesión estuvo a cargo del Grupo Macri, empresa que mantiene una deuda con el Estado desde 2001.
La quiebra del Correo Argentino S.A. fue dictada en 2021 por la jueza Marta Cirulli y luego suspendida por la Cámara Comercial.
En diciembre de 2024, la Corte remitió el expediente al TSJ porteño, que quedó a cargo de la revisión de los fallos, lo que dilató el proceso y fue considerado un revés para los intentos de acelerar la ejecución de la deuda, calificada como “ruinosa” y “abusiva” por la fiscal Gabriela Boquín.
El decreto aclaró que el cese de la querella penal no implicó la renuncia del Estado nacional a reclamar eventuales daños y perjuicios, ya que la acción civil iniciada puede continuar sin la Procuración del Tesoro como querellante penal.
La norma fue firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona y rige desde el día de su dictado.
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