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Casino flotante de Puerto Madero: Entre la incertidumbre de una nueva licitación y la amenaza de un conflicto sindical

Buenos Aires, 2 febrero (NA) – Tres empresarios millonarios continúan intentando llegar a un acuerdo para preservar su dominio sobre los casinos flotantes de Puerto Madero.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, funcionarios cercanos a los reguladores del juego aseguraron que “los casinos flotantes no pueden seguir en esta condición, en el limbo judicial de las medidas cautelares y, más pronto que tarde, Lotería de la Ciudad avanzará con una licitación controlada por el Estado. La idea de estatizar las salas de juego al estilo de la provincia de Buenos Aires pierde terreno en el gobierno porteño”.

En ese contexto, el mundo empresarial de las apuestas en vivo se apresta a participar de un negocio formidable que, en la actualidad, parece deslucido por la menor afluencia de apostadores respecto al pasado. A esto se suma la caída en la calidad de atención que se registra desde la inauguración de los casinos.

Desde la “nacionalización privada” de las salas de juego, el glamour y el ambiente que rodea a las noches de diversión comenzaron a perderse entre las anécdotas de los viejos jugadores, quienes aún asisten a las salas para apostar cifras cada vez menos significativas.

Sea como fuere, lo cierto es que el español de 81 años Manuel Lao Hernández, fundador de la compañía global Cirsa, continúa con las operaciones al contar con el 50% del paquete accionario de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) con la que se opera el Casino Flotante. La complejidad de la Argentina justificó que Lao Hernández no incluyera las operaciones de Buenos Aires en la venta de CIRSA al fondo Blackstone, realizada a fines de abril de 2018, cuando faltaba menos de un año para que venciera la concesión original de los barcos.

El otro empresario que continúa en el negocio es Federico de Achával. Famoso por sus movimientos en el mercado regulado argentino, es dueño de HAPSA (la empresa que gestiona el Hipódromo de Palermo con concesión hasta 2032) y posee BetWarrior, una casa de apuestas online que crece a la par del interés de los usuarios por jugar en una economía recesiva.

El último, pero no menos importante, es el influyente Ricardo Benedicto, el “zar del juego”, al frente de la empresa Inverclub. Dueño del haras La Pasión y con intereses en el casino de Mendoza, Benedicto es el principal referente de Casino Club, una de las operadoras más grandes del país. El holding que controla diversos casinos y salas de tragamonedas.

Los tres se preparan para lo irremediable: los barcos deberán ser licitados nuevamente o el Estado deberá hacerse cargo de las salas.

LA TRAMA JUDICIAL

La concesión original de la empresa Casinos de Buenos Aires SA (operada por Cirsa y socios locales) venció formalmente en 2019. Desde entonces, el casino funcionó mediante medidas cautelares.

* Fallo de la Corte Suprema: En marzo de 2025, la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó las cautelares que permitían su operación, dejando la continuidad en suspenso.
* Dictamen: El máximo tribunal dictaminó que la prórroga del contrato —que data de la presidencia de Carlos Menem y fue modificada en 2016 bajo la administración de Mauricio Macri— era insostenible y arbitraria.

La decisión judicial dejó en jaque a los actuales operadores. Según confiaron fuentes de la sede del Gobierno porteño, estos se reunieron varias veces con funcionarios, retirándose siempre sin acuerdos y con la sensación de una inminente licitación. El gobierno busca jugar sus fichas apropiadamente en un contexto de ajuste fiscal generalizado (“motosierra”). Los casinos, pese al menor volumen de juego, aportan de manera significativa a las arcas del tesoro porteño.

Mientras los abogados de los concesionarios preparan una impugnación, otros actores del sector ya se posicionan para competir por la probable concesión este año. En el Ejecutivo afirman que el objetivo no es solo reencuadrar legalmente la actividad, sino reposicionar al casino como un atractivo sostenible para el turismo.

CLIMA DE INCERTIDUMBRE Y CONFLICTO GREMIAL

En este escenario, los gremios han comenzado a reaccionar. Existen cuatro sindicatos principales que agrupan a más de 3.500 trabajadores:

* ALEARA: Representa a la mayoría del personal de salas y juegos de azar.
* UTHGRA (Gastronómicos): Clave para los servicios de restaurante y bar.
* Camioneros: Involucrados en logística y suministros.
* SOMU (Marítimos): Relevante por la operatividad de los barcos.

Precisamente el SOMU es el que más se ha movilizado recientemente ante el despido de más de 300 afiliados. La conducción del gremio, ligada históricamente a Omar el “Caballo” Suárez, mantiene el mandato prorrogado de Raúl Durdos. Junto a su comisión directiva, Durdos ha amenazado con un paro por tiempo indeterminado.

En un mes vence la prórroga de mandatos ordenada por la Justicia Nacional del Trabajo. Durdos enfrenta una oposición que intentará desplazarlo, por lo que se espera que las acciones de protesta se incrementen. Recientemente, por ejemplo, paralizaron el tercer y cuarto piso —donde operan las apuestas de altas sumas en dólares— y cortaron el servicio de barra durante varias horas.