Buenos Aires, 11 febrero (NA) – Cuando el lunes a la noche las primeras imágenes de patrulleros estacionados y policías de brazos cruzados empezaron a circular desde Santa Fe, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, no necesitó que nadie le explicara qué estaba pasando.
Lo había vivido en carne propia. Doce años atrás, en otra provincia y en otro cargo, un acuartelamiento policial se activó, la dejó frente a saqueos que aterrorizaron a Córdoba y le costó el puesto apenas 88 días después de haber jurado como ministra provincial. En ese momento, el gobierno nacional de Cristina Kirchner evitó asistir de manera inmediata.
Ahora la historia le devuelve una escena parecida, pero con variables amplificadas: ya no es una técnica recién llegada a un gabinete provincial, sino la responsable de la seguridad de todo el país. Y el conflicto en Santa Fe, lejos de ser un problema local, se convierte en una señal de alarma para un Gobierno nacional que arrastra tensiones salariales con sus propias fuerzas federales.
CÓRDOBA, 2013
El 3 de diciembre de 2013, un sector mayoritario de la Policía de Córdoba abandonó las calles. El reclamo era salarial, pero la consecuencia fue devastadora: zona liberada, saqueos en cadena, dos muertos, cientos de heridos y más de un millar de comercios destruidos. Monteoliva, que había asumido como ministra de Seguridad provincial apenas tres meses antes —designada por el gobernador José Manuel de la Sota como un perfil técnico, la primera mujer al frente de esa cartera en Córdoba—, quedó en el centro de la tormenta.
Su formación académica, su paso por el Observatorio del Delito y la Violencia y su enfoque basado en datos y planificación estratégica no alcanzaron para contener una fuerza policial con problemas estructurales acumulados durante años: salarios deprimidos, corrupción interna, conflictos de mando y una cultura corporativa que bordeaba el autogobierno. La negociación fracasó, los canales institucionales se quebraron.
El gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner tampoco colaboró. El exjefe de gabinete cordobés Oscar González llegó a declarar en sede judicial que “ningún funcionario nacional atendió el teléfono” y que la Presidenta demoró el envío de Gendarmería. Las fuerzas federales llegaron cuando la provincia ya había cerrado su propio acuerdo con la policía y el orden comenzaba a restablecerse. La falta de auxilio terminó de quebrar para siempre el vínculo entre el kirchnerismo y Córdoba, un divorcio político que aún perdura. Monteoliva renunció seis días después del acuartelamiento.
SANTA FE, 2026
Más de una década después, las circunstancias riman. Uniformados santafesinos de diferentes localidades se plegaron a una protesta por mejoras salariales. Según datos del propio Ministerio de Seguridad de la Nación, de los 200 patrulleros provinciales desplegados habitualmente en Rosario, solo circularon 30 el lunes y 50 el martes, cifras que el ministro provincial Pablo Cococcioni intentó relativizar en conferencia de prensa asegurando que el servicio nocturno no se resintió.
Pero esta vez Monteoliva no es la ministra desbordada de una provincia en llamas. Es la responsable federal y, con la lección de 2013 grabada a fuego, actuó rápido: sumó 30 móviles adicionales a los 70 del Plan Bandera que ya operaban en territorio santafesino, incorporó brigadas de investigaciones y otros destacamentos, y ordenó que “todas las unidades estén en la calle”. La consigna es clara: no puede haber puntos ciegos, no puede haber zona liberada.
EL FANTASMA DEL CONTAGIO
Lo que más preocupa en la Casa Rosada no es Santa Fe en sí misma, sino lo que Santa Fe puede encender. Los bajos ingresos de las fuerzas de seguridad y defensa son un problema estructural de la Argentina que ningún gobierno resolvió de raíz. Las policías provinciales, las fuerzas federales —PFA, PSA, Prefectura, Gendarmería— y las Fuerzas Armadas arrastran reclamos salariales crónicos. La semana pasada, el Gobierno dividió en dos la obra social IOFSA, una decisión que agravó el malestar interno. Y el dato más alarmante: más de 18.000 uniformados de las Fuerzas Armadas pidieron su baja desde diciembre de 2023, un éxodo sin precedentes que golpea con especial dureza al Ejército.
El antecedente más reciente ya está en los archivos del propio Gobierno: en 2024, un levantamiento policial y docente en Misiones obligó a la Nación a intervenir con un Aporte del Tesoro de 9.000 millones de pesos, pese a que Patricia Bullrich había prometido no involucrarse.
Para Monteoliva, esta crisis tiene una densidad que trasciende lo operativo. En 2013, la falta de respuesta federal la dejó sola frente al desastre. Ahora ella es la autoridad federal, y el gobierno libertario no quiere repetir el error del kirchnerismo en Córdoba. La diferencia es que esta vez la intervención nacional fue inmediata: no hubo teléfonos sin atender, no hubo demoras deliberadas, no hubo especulación con la intervención de la provincia. Hubo patrulleros en la calle.
Pero la respuesta rápida no resuelve el problema de fondo. El conflicto salarial policial no es una novedad argentina ni un fenómeno santafesino: es una constante nacional que estalla cíclicamente, cambiando de escenario pero manteniendo la misma lógica. Fuerzas mal remuneradas que acumulan frustración, gobiernos provinciales que posponen negociaciones y una Nación que termina apagando incendios con recursos federales y despliegues de emergencia.
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