Buenos Aires, 11 febrero (NA) – El proyecto de ley de Modernización Laboral que se debate en el Congreso contiene una reducción de los aportes del empleador sobre el stock actual de empleo, según la cual el aporte al sistema de obras sociales pasaría del 6% al 5%, que implica, en términos reales, una caída del 13% en los ingresos destinados a financiar el sistema de salud.
También se plantea un recorte del 3% en las contribuciones destinadas a distintos subsistemas de la Seguridad Social, en un contexto en el cual, según datos oficiales del propio Gobierno nacional a los que accedió la Agencia Noticias Argentinas, los costos de la salud vienen creciendo por encima de la evolución de los ingresos de los trabajadores.
Ese 13% de disminución en los recursos que financian la salud en un escenario de costos crecientes se traducirá en una menor capacidad de las obras sociales y de las empresas de salud para sostener prestaciones, invertir en tecnología, cubrir guardias y garantizar servicios.
Esto no afecta solo a las empresas del sector; impacta de lleno en todo el sistema sanitario, de acuerdo con la evaluación que se realiza en toda la cadena de la actividad.
Asimismo, la iniciativa en tratamiento legislativo incorpora una contribución obligatoria del 3% de la masa salarial a un nuevo fondo de asistencia laboral (FAL) destinada a financiar indemnizaciones por despidos, actualmente privativas de las patronales.
TRES SUBSECTORES
Los tres grandes subsectores del sistema de salud argentino son: el público (gratuito y universal, financiado por el Estado), el de la seguridad social (a través de obras sociales para trabajadores y jubilados) y el privado (medicina prepaga y planes de salud para quienes pueden pagarlos).
Estos tres subsistemas coexisten y, aunque fragmentados, buscan brindar cobertura a toda la población, con el sector público siendo la red de hospitales y centros de salud estatales, y los otros dos enfocados en afiliaciones laborales o pagos directos,
La radiografía del sistema de salud en Argentina muestra que 6 de cada 10 habitantes tiene obra social o prepaga (incluido PAMI), mientras que un poco más de 3 de cada 10 solo cuentan con el acceso al sistema público. Y de las 500 entidades de medicina prepaga, las cinco principales (OSDE, Swiss Medical, Galeno, Omint y Medicus) concentran el 70% de los afiliados.
“Cuando el financiamiento privado y de la seguridad social se debilita, la demanda no desaparece: se traslada. Y ese traslado ocurre hacia el hospital público”, alerta el presidente de la Cámara Tucumana de Empresas de Salud (CATES) y Boreal Salud, Mario Koltan.
Y advierte: “Así, una medida pensada para aliviar costos termina empujando más presión sobre un sistema público que ya se encuentra seriamente afectado por restricciones presupuestarias y dificultades estructurales, comprometiendo el cumplimiento efectivo de un derecho constitucional básico como es el acceso a la salud”.
UNA BOMBA NEUTRÓNICA
De cómo repercutirá en el interior del sistema de salud dio cuenta Juan Manuel Ibarguren, Magíster en Administración de Servicios de Salud y secretario general de CAMEOF: “Los prestadores conviven desde hace años con aranceles persistentemente rezagados respecto de los costos reales, plazos de pago que destruyen el valor del ingreso en contextos inflacionarios y condiciones contractuales impuestas de manera unilateral”, reflexiona.
Para agregar: “Cobrar a 60, 90 o más días en la Argentina no es una cuestión administrativa: es una transferencia silenciosa de recursos desde quienes producen salud hacia quienes la financian”.
Los números sanitarios expuestos sobre la mesa ya no parecían cerrar antes del recorte del aporte previsional en ciernes.
“Con una inflación acumulada en torno al 31,5%, las empresas de medicina prepaga aumentaron sus cuotas, en promedio, cerca de un 27%, pero los incrementos trasladados a los prestadores fueron, en el mejor de los casos, del 12%”, señala Ibarguren.
Advierte: “La brecha es estructural y coloca a los efectores —a quienes realizan efectivamente los actos médicos— en una situación de inviabilidad económica, comprometiendo la calidad, la seguridad y la continuidad de la atención”.
Previo al achicamiento de la torta de la salud que se viene, la Argentina ya tenía pendiente el avance hacia una cobertura universal básica, explícita y común a todo el sistema, que ordene derechos y obligaciones con criterios de equidad.
Se habla mucho en todos los niveles de que urge revisar el Programa Médico Obligatorio para actualizarlo a las prestaciones modernas de la salud, si bien actualmente, así como está, tiene un alcance parcial por no regir para todos los actores del sistema, lo que genera desigualdades y vacíos de cobertura.
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