Buenos Aires, 12 febrero (NA) – La Fiscalía Federal de La Plata deberá analizar el pedido presentado por la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (CECAITRA) para que se investiguen los presuntos vínculos del empresario Leandro Camani con un supuesto narco rosarino. La solicitud se inscribe en el escándalo por el negocio de las fotomultas en la provincia de Buenos Aires y en la denuncia formulada por el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el planteo de CECAITRA se apoya en un episodio ocurrido en octubre de 2024. En un control policial fue detenido Lisandro Damián Contreras cuando conducía una camioneta Mercedes Benz GLE 400 registrada a nombre de Camani. Contreras registraba antecedentes por robo calificado y habría sido mencionado en vínculos con bandas narco rosarinas.
La entidad empresaria dejó asentado que el hecho no configura por sí mismo responsabilidad penal directa del titular de Secutrans, pero consideró que resulta relevante investigar el entorno y las eventuales conexiones para despejar sospechas.
En su presentación, CECAITRA también mencionó acusaciones sobre un supuesto patrón de conducta atribuido al empresario: promover denuncias penales y mediáticas contra terceros, formular imputaciones de gravedad y utilizar esas presentaciones como mecanismo de presión para obtener beneficios económicos o comerciales.
En paralelo, continúa el expediente iniciado a partir de la denuncia de Claudio Tapia. El presidente de la AFA sostuvo ante el fiscal que Camani le habría solicitado autorización para instalar nuevas cámaras de fotomultas en rutas y accesos administrados por el CEAMSE. Tras su negativa, afirmó que comenzaron presiones orientadas a revertir la decisión.
Tapia aseguró que recibió amenazas de activación de denuncias penales y señaló que dirigentes de la Coalición Cívica, Matías Yofe y Facundo del Gaiso, habrían actuado como denunciantes formales tras la negativa administrativa. El dirigente no descartó la existencia de una asociación ilícita vinculada a un negocio que describió como multimillonario.
La investigación deberá determinar la existencia de pruebas concretas que sustenten esas acusaciones. Entre las posibles medidas figuran informes registrales, análisis de comunicaciones y reconstrucción de la secuencia temporal entre pedidos, negativas y denuncias.
El caso se produce en un contexto en el que el negocio de las fotomultas representa una fuente significativa de ingresos para municipios y empresas operadoras, lo que incrementa la sensibilidad política y económica de cualquier disputa vinculada a su expansión o control.
La Fiscalía definirá el alcance de la investigación y si corresponde avanzar hacia nuevas medidas procesales.
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