Buenos aires, 15 febrero (NA) – Dos nuevos detenidos se sumaron a la megacausa de La Salada en las últimas horas.
Se trata del ex secretario general del sindicato de feriantes SUTFRA Walter Anibal Godoy y su cómplice Jonatan Rojas, según fuentes judiciales.
Es en el marco de un incidente por estafa a feriantes, por más de 40 millones de pesos, que llevan adelante el fiscal Sergio Mola y el juez Luis Armella.
Godoy y Rojas, ambos con antecedentes penales, están acusados de pedirles dinero a los feriantes a cambio de mover influencias en el juzgado y la fiscalía para resolverles la medida que les impedía acceder a los puestos, vender y así ganarse la vida.
De hecho, se presentaban como gestores bendecidos por el Armella e Incardona.
Godoy cumplió una condena por homicidio entre 2002 y 2017. Su supuesto cómplice, Rojas, tiene una condena de trece años en suspenso por secuestros extorsivos. La Casación le rechazó la apelación y ahora le toca definir a la corte suprema.
Los feriantes ahora van también por la resolución de la cuestión de fondo, es decir, su derecho a trabajar.
El objetivo es que les reconozca lo aportado, en muchos casos, a lo largo de dos décadas o más, en concepto de alquileres. Esos montos duplican o triplican el valor comercial de un puesto, por lo que reclaman ser considerados en igualdad con los cooperativistas formales. Hasta ahora, pasados ocho meses, no lograron que la interventora los reciba.
Los denunciantes vendían sus prendas en puestos ubicados en el playón de la cooperativa Ocean, conocidos por su formato como “los canastos”.
Como no había constancia formal de su existencia, y mucho menos registro de sus alquileres, los administradores de Ocean decidieron cerrarlos, en el breve período de tiempo entre la clausura de mayo pasado y la intervención de junio, para evitar problemas con la interventora Leticia Torres.
Según los testimonios que constan en el expediente, Godoy les pidió que juntaran, primero, 25 mil dólares a cambio del permiso definitivo para seguir vendiendo en el playón, que se emitiría de inmediato, con la firma de ambos funcionarios judiciales.
Los feriantes primero dijeron haber reunido y entregado el dinero en casa de Rojas y luego, a pedido de la fiscalía, reconocieron el domicilio ubicado en la calle Mazzei de Longchamps, lo que agrava la situación de los detenidos.
Tras semanas sin respuesta, finalmente Godoy pidió más plata a los feriantes, en su mayoría inmigrantes bolivianos.
Entonces sí, la respuesta feriante fue contratar a un abogado penalista, quien de inmediato presentó una demanda por estafa.
La misma recayó en la Fiscalía 1 de Lomas, a cargo del Dr. Sergio Mola. Una vez iniciada la causa, Godoy y Rojas amenazaron a los denunciantes con armas de fuego para que desistieran. También las amenazas son objeto de investigación, según las fuentes consultadas.
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