Buenos Aires, 16 febrero (NA) — La Fiscalía en turno Nº8 de La Plata investiga presuntas estafas por parte de una banda de falsos efectivos que ofrecían trabajos inexistentes en el Servicio Penitenciario Bonaerense. En los últimos meses, según confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas, numerosos damnificados concretaron denuncias ante la Justicia.
De acuerdo a los testimonios, una mujer —identificada en la causa como Macarena Sánchez— se presentaba como supuesta jefa de un área y ofrecía oportunidades laborales dentro del organismo. Para avanzar con el presunto ingreso, solicitaba documentación personal sensible, entre ella DNI, CUIL, certificados de estudio, antecedentes penales, domicilio y partida de nacimiento.
Las denuncias indican que, además, exigía la participación obligatoria en trabajos prácticos, entrenamientos en espacios públicos y reuniones virtuales, bajo la amenaza de excluir a quienes no cumplieran con las consignas.
Según los damnificados, más de 200 personas habrían sido afectadas por la maniobra, muchas de las cuales incluso renunciaron a sus empleos al confiar en la veracidad de la propuesta.
La acusada no actuaría sola. Siempre según las presentaciones judiciales, estarían involucrados presuntos colaboradores identificados como Mauro Paz, Ezequiel Papeti —quien se presentaría como instructor— y Jonathan García, que se hacía pasar por oficial. Los denunciantes sostienen que estas personas manejaban información privada de los postulantes.
El caso fue denunciado formalmente en la DDI La Plata y quedó a cargo de la Fiscalía en turno Nº8 de La Plata, encabezada por Martín Almirón, bajo la calificación provisoria de presunta estafa y posible uso indebido de cargos públicos.
Fuentes ligadas a la investigación señalaron que existirían fotos, videos y documentación que respaldarían los testimonios aportados por los damnificados.
En tanto, esta semana un grupo de afectados prevé presentarse en las oficinas de la DDI para ampliar las acusaciones y aportar nuevas pruebas a la causa.
Desde el entorno de los denunciantes remarcaron que el objetivo de hacer pública la situación es advertir a la comunidad y prevenir que más personas resulten perjudicadas. Asimismo, recomendaron no entregar datos personales sin verificar previamente la legitimidad de las convocatorias y radicar la denuncia ante organismos oficiales en caso de sospechas. #AgenciaNA
