Buenos Aires, 25 febrero (NA) — El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, y el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, presentaron este miércoles sus renuncias en respectivas misivas enviadas a la Asamblea Nacional.
El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció que recibió las notificaciones con las renuncia de ambos funcionarios, que habían sido ratificados en sus cargos en octubre de 2024 para un período de siete años, es decir, hasta 2031, reportó el diario El Nacional y accedió la Agencia Noticias Argentinas.
Rodríguez indicó que actualmente no hay vicefiscal en el Ministerio Público que pueda asumir el cargo de forma temporal mientras se activa el proceso de selección del nuevo fiscal por parte de la Asamblea Nacional.
El presidente del Parlamento detalló que se elegirá a un “encargado” para ambos cargos mientras se activa el Comité de Postulaciones del Parlamento.
El exfiscal Zair Mundaray fue uno de los primeros en mencionar una posible salida del funcionario chavista del Ministerio Público. “Termina el ciclo de horror, extorsiones y crímenes de Tarek William Saab”, escribió el abogado en un post en X.
Tarek William Saab, de 63 años, estuvo frente al Ministerio Público desde 2017, luego de la salida de Luisa Ortega Díaz.
Tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores el 3 de enero, y del nombramiento de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de la República, en Venezuela se anunciaron algunos cambios en cargos de funcionarios y medidas como la excarcelación de presos políticos, una ley de amnistía ya aprobada por la Asamblea Nacional y el cierre de El Helicoide como centro de detención.
Mientras estuco al frente del Ministerio Público, Saab abrió investigaciones contra cientos de opositores, periodistas y activistas, con casos emblemáticos como los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González, indicó El Nacional.
Además, organismos internacionales, entre ellos Human Rights Watch y Amnistía Internacional, han documentado detenciones arbitrarias, torturas y el uso del sistema penal como herramienta de represión, con al menos 18 muertes en custodia registradas durante su gestión, reseñó el diario.
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