Buenos Aires, 2 marzo (NA) – La apertura del período de sesiones en General Pueyrredón dejó un giro fuerte en clave municipal: el intendente Agustín Neme puso el foco en orden público y anunció medidas de seguridad que incluyen un cuerpo motorizado de la Patrulla Municipal y la incorporación de equipamiento para operativos.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, en el discurso, Neme habló de la Patrulla Municipal como eje central de la gestión y afirmó que durante 2025 intervino en 7.618 denuncias de vecinos, con 266 aprehendidos por distintos motivos, además de plantear más capacidad operativa y presencia territorial.
La medida más polémica fue otra: anunció una iniciativa junto al Ministerio de Seguridad de la Nación para “expulsar” de Mar del Plata a quienes ejerzan la actividad de cuidacoches de manera ilegal y no tengan domicilio en la ciudad, un planteo que abre interrogantes legales y operativos sobre su implementación.
También informó la compra de pistolas Birna (no letales) y la incorporación de bodycams, bajo el argumento de actuar en situaciones de violencia, reducir riesgos y aportar “transparencia” en cada procedimiento.
En paralelo, la gestión buscó reforzar su narrativa económica: se mencionó una tasa de desempleo del 6,8% en el último trimestre de 2025, “Habilitaciones Express” con permisos provisorios en 24 horas y la promesa de un RIGI municipal con incentivos fiscales a inversiones.
Pero el discurso dejó un punto crítico sin despejar: el costo real de la expansión de la Patrulla (vehículos nuevos, motorizados, cámaras, armas no letales, bodycams) y los mecanismos concretos de control, sanción y debido proceso en operativos que prometen ser más frecuentes e intrusivos en el espacio público.
Con anuncios de “mano firme” sobre la mesa, el año legislativo local abre una discusión inevitable: hasta dónde puede llegar el Municipio en medidas de control y qué herramientas de transparencia y auditoría existen para que “orden” no se convierta en discrecionalidad.
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