Buenos Aires, 5 de marzo (NA) — En el fútbol argentino casi nadie escribe porque sí. Y mucho menos cuando el que aparece del otro lado es Ariel Vallejo, cabeza visible de Sur Finanzas, una empresa que pasó de colgar su nombre en torneos y camisetas a quedar atrapada en el centro de una trama judicial que roza de lleno a la AFA.
En ese contexto, en las últimas horas circularon dos estados de WhatsApp atribuidos al empresario: “Tu vida ya te mostró que, pase lo que pase, podés recuperarte” y “Y si no vamos por todo, ¿a qué vamos?”.
Dos frases de tono motivacional, sí, pero publicadas justo cuando alrededor suyo ya no sobran explicaciones sino preguntas, según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas.
La sospecha no nace de un posteo. Nace del recorrido de la propia firma. Sur Finanzas figura hoy en el sitio oficial de la AFA como sponsor de las selecciones nacionales y además le dio nombre al Torneo Sur Finanzas 2024, lo que confirma el nivel de inserción que alcanzó dentro del ecosistema del fútbol argentino.
Ese crecimiento también se apoyó en acuerdos con clubes: según una nota previa de la propia Agencia Noticias Argentinas, la empresa fue sponsor principal de Banfield desde 2022 y después se expandió hacia otras instituciones del ascenso y de Primera.
El punto es que ese desembarco masivo en el fútbol quedó bajo la lupa judicial. En diciembre la Policía Federal realizó más de 30 allanamientos en la sede de la AFA, el predio de Ezeiza y al menos 17 clubes, en una investigación ordenada por el juez federal Luis Armella por presuntos vínculos de Sur Finanzas con maniobras de lavado de dinero y evasión fiscal.
Según esa misma cobertura, la causa se apoya en una denuncia de ARCA y habla de operaciones sospechosas por 818.000 millones de pesos.
Lejos de apagarse, el expediente siguió creciendo. El 20 de febrero, ARCA amplió la denuncia penal contra Sur Finanzas Group S.A. por la presunta apropiación indebida de aportes previsionales y de obra social retenidos a empleados y no ingresados al sistema, por un monto superior a 46 millones de pesos.
Cinco días después, otra cobertura informó sobre 30 nuevos allanamientos en la firma y describió que la investigación ya apunta a un presunto esquema de lavado de activos, evasión fiscal y encubrimiento de pruebas, con Vallejo como principal señalado.
El dato más inquietante de esa secuencia no fue sólo la cantidad de operativos, sino la sospecha de que alguien quiso limpiar rastros antes de que avanzaran los peritajes. De hecho, cuatro personas fueron detenidas acusadas de borrar evidencias y encubrir a Vallejo en la causa Sur Finanzas.
Es decir: el ruido ya no pasa únicamente por los contratos o por el circuito del dinero, sino también por lo que la Justicia presume que pudo haber ocurrido con la prueba.
En paralelo, el cerco también se cerró sobre la AFA. El 2 de marzo, la Inspección General de Justicia pidió al Ministerio de Justicia la designación de veedores para revisar los estados contables y financieros de la entidad y, de manera explícita, las relaciones y operaciones entre la AFA y distintas firmas y personas, entre ellas Grupo Sur Finanzas y el propio Ariel Vallejo.
La señal oficial fue nítida: el nombre del financista ya no aparece apenas en los márgenes de la historia, sino dentro del listado formal de asuntos que el Estado quiere auditar.
La defensa institucional del fútbol fue otra: después de los allanamientos, la AFA y la Liga Profesional sostuvieron que Sur Finanzas sólo mantenía un contrato comercial de sponsoreo con la LPF y que pusieron toda la documentación a disposición de la Justicia.
Pero esa explicación convivió con otro problema serio para la conducción de Claudio Tapia: en una causa distinta, el juez Diego Amarante citó a indagatoria a Tapia y a Pablo Toviggino por una presunta apropiación indebida de aportes por $19.353.546.843,85 vinculada a retenciones impositivas y de seguridad social que, según la denuncia, habrían sido descontadas pero no depositadas. La audiencia de Tapia, prevista para esta semana, fue postergada para el 12 de marzo por un cambio de defensa.
Conviene decirlo con claridad: un estado de WhatsApp no es una prueba judicial. No condena a nadie, no reemplaza un expediente y no demuestra por sí solo ninguna maniobra. Pero también sería ingenuo fingir que no dice nada.
Porque cuando quien publica esos mensajes es un empresario que auspició torneos de AFA, quedó mencionado en un pedido oficial de veeduría sobre la AFA y aparece en el centro de causas por presunto lavado, evasión, aportes retenidos y posible encubrimiento, la lectura política deja de ser un exceso y pasa a ser parte de la noticia.
En el fútbol argentino, a veces, las frases más cortas son las que más ruido hacen.
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