Buenos Aires, 12 mayo (NA) — Hugo Sigman nació en 1944 y se graduó como médico psiquiatra en la Universidad de Buenos Aires. Debido a su militancia política en sectores de izquierda durante la década de 1970, debió exiliarse en España. En 1977, junto a su esposa, la bioquímica Silvia Gold, fundó en Barcelona la empresa Chemo, orientada inicialmente a la comercialización de principios activos farmacéuticos.
El crecimiento de su actividad comercial se basó en el aprovechamiento de los marcos regulatorios de la época en países como Italia y España, que carecían de leyes estrictas de patentes farmacéuticas, lo que permitió el desarrollo y suministro de materias primas para medicamentos genéricos.
Tras su regreso a la Argentina en los años ‘90, Sigman consolidó el Grupo Insud, un conglomerado multinacional con presencia en 50 países y 18 plantas de producción, que emplea a unas 7.000 personas. En 2024, su patrimonio familiar fue estimado en US$ 6.300 millones, situándose como la segunda fortuna más grande del país.
El 19 de mayo de 2026, Hugo Sigman y Silvia Gold se presentarán ante el juzgado federal de Ariel Lijo para prestar declaración indagatoria. Esta citación responde al pedido del fiscal federal Carlos Stornelli, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en la contratación de vacunas contra el COVID-19. La fiscalía investiga una supuesta matriz de corrupción, de tráfico de influencias y un posible conflicto de intereses.
La nómina de citados incluye a la exministra de Salud Carla Vizzotti, a la exasesora presidencial Cecilia Nicolini, al médico asesor Pedro Cahn y a exfuncionarios como Mauricio Alberto Monsalvo, Juan Manuel Castelli y Sonia Gabriela Tarragona.
Tarragona, antes de ingresar a la función pública, fue directora general de la Fundación Mundo Sano, presidida por Silvia Gold, entre 2008 y 2013. En cuanto a Ginés González García, exministro de Salud, el fiscal se abstuvo de acusarlo debido a su fallecimiento, lo que extinguió la acción penal. González García y Sigman mantenían una amistad desde la adolescencia.
Durante la pandemia, el rol de Sigman fue determinante a través de su laboratorio mAbxience, que produjo en su planta de Garín el principio activo de la vacuna de AstraZeneca para toda Latinoamérica.
Asimismo, Sinergium Biotech, empresa del grupo creada en 2009 tras la pandemia de gripe A bajo un modelo de transferencia tecnológica con el Estado, se consolidó como proveedor de vacunas antigripales y contra el neumococo.
DOCTRINA CUT-COPY
El éxito económico de estos laboratorios se apoyó históricamente en la doctrina “cut-copy”, sustentada en las resoluciones de 2012 que limitaron el patentamiento de medicamentos extranjeros. Estas normas impidieron que laboratorios internacionales obtuvieran protección sobre modificaciones de drogas conocidas, permitiendo a las empresas locales comercializar versiones similares sin pagar regalías.
En 2024, la facturación del sector creció un 255% interanual, superando ampliamente la inflación. Estados Unidos reclama desde hace años el pago de cientos de millones de dólares en regalías no abonadas debido a este esquema regulatorio.
Bajo la presidencia de Javier Milei, Argentina inició un giro regulatorio para cumplir con las demandas de propiedad intelectual de Estados Unidos, en el marco de las negociaciones de un acuerdo de libre comercio. El 18 de marzo de 2026, el Gobierno derogó la normativa restrictiva de 2012 mediante la Resolución Conjunta 1/2026, restituyendo al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial el análisis caso por caso bajo la Ley de Patentes 24.481.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ha cuestionado la concentración del mercado farmacéutico y los precios elevados, señalando que en Argentina los medicamentos llegan a ser un 1.000% más caros que en España o Estados Unidos para el mismo principio activo.
Según Sturzenegger el grupo empresarial de Sigman representa un megamonopolio que debe ser “controlado” para evitar contratos direccionados y condiciones preferenciales.
El Grupo Roemmers, liderado por Alberto y Pablo Roemmers, es el principal actor con una participación del 8,44 por ciento y una fortuna de US$ 2.400 millones. Laboratorios Bagó, dirigido por Sebastián y Juan Carlos Bagó, posee 10 plantas productivas en el mundo y es dueño de la distribuidora Disprofarma.
Laboratorios Phoenix y Elea pertenecen en un 50% a la familia Sielecki, representada por Daniel Sielecki. El laboratorio Richmond, liderado por Marcelo Figueiras, tuvo un rol central en la fabricación local de la vacuna Sputnik V.
En el plano legislativo, durante la pandemia fue relevante el rol de la Cámara de Diputados. La diputada Cecilia Moreau impulsó la inclusión del término “negligencia” en la Ley de Vacunas. Esta modificación técnica habría obstaculizado el acuerdo inicial con Pfizer, que exigía inmunidad legal total.
Ahora la fiscalía analiza si esta traba fue utilizada deliberadamente para favorecer a los laboratorios con socios locales representados por Sigman y a otros empresarios del sector.
UN NEGOCIO DE HASTA US$ 3.000 MILLONES
La Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) nuclea a 45 laboratorios de capital nacional y es dirigida por Eduardo Macchiavello, de Roemmers, como presidente; y Gustavo Pelizzari, de Elea Phoenix, como vicepresidente.
CILFA proyecta un giro duro sin la protección de patentes y “tensionar” la sustentabilidad del sistema de salud. La cámara sostiene que la industria nacional dinamizó la competencia lanzando genéricos y biosimilares tras el vencimiento de las patentes.
Un informe de la Fundación FIEL estima que el negocio de los genéricos habría llegado a US$ 2.214 millones en 2024, una cifra que equivale a unos US$ 3.000 millones anuales, actualizados.
Al cierre de la semana pasada, se conoció que el lobby de los laboratorios nacionales había ganado una primera batalla: los diputados accedieron a suspender provisoriamente el tratamiento del Capítulo II del proyecto de reforma a la Ley de Patentes. Se trata del apartado específico con el que el Gobierno pretendía remover las protecciones de propiedad intelectual de patentes medicinales. Así, esta semana se avanzará en la reforma, pero sin herir gravemente a un sector que suele ser de los mayores aportantes de campaña para todos los partidos, a un año de las elecciones.
ENSAYOS CLÍNICOS
El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial actúa como árbitro técnico en la determinación de la patentabilidad de las invenciones. El Ministerio de Desregulación asegura que el sistema se moderniza para fortalecer la seguridad jurídica y proteger la comercialización actual de medicamentos.
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Existe un debate pendiente sobre la adhesión de Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes, PCT, administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. La AmCham (Cámara de Comercio de los EEUU en Argentina) y CAEME sostienen que la no adhesión perjudica a investigadores locales que terminan registrando desarrollos en el extranjero.
A pesar de la reciente postura del Congreso, el Gobierno sostiene que la actualización normativa posicionaría al país como destino atractivo para la innovación y facilitaría la integración de laboratorios locales a cadenas globales de valor. En este nuevo escenario, grupos nacionales como Roemmers, Bagó, Elea y Gador deben redefinir sus estrategias ante una mayor protección para inventores internacionales como Pfizer o Roche.
La comparecencia del médico Hugo Sigman y otros marcará un debate abierto sobre cómo las políticas gubernamentales beneficiaron durante años a los laboratorios. E incluso se podría concluir que hubo demora en la llegada de la vacuna Pfizer. La política y los empresarios están en la mira.
POR NEWSWEEK ARGENTINA.
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