Buenos Aires, 14 mayo (NA) – La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró válida la reforma judicial de Santa Cruz y habilitó la incorporación inmediata de los nuevos integrantes del Tribunal Superior de Justicia provincial.
Con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal nacional sostuvo que no existen “impedimentos” para que los magistrados designados bajo la ley 3949 asuman sus cargos y afirmó que el Tribunal Superior de Justicia santacruceño debe integrarse con nueve miembros.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la decisión de la Corte llegó luego de dos exhortaciones para que el tribunal provincial remitiera los expedientes vinculados con el conflicto abierto tras la ampliación del máximo tribunal local.
En agosto del año pasado, la Legislatura de Santa Cruz aprobó la ley 3949, que amplió de cinco a nueve integrantes el Tribunal Superior de Justicia. La iniciativa fue impulsada por el oficialismo provincial “Por Santa Cruz” con el argumento de modernizar y agilizar el funcionamiento judicial.
Tras la sanción de la norma, el gobernador Claudio Vidal promovió las designaciones de Sergio Acevedo, José Antonio González Nora, Juan Lucio Ramón de la Vega y Gabriel Nolasco Contreras Agüero para integrar el tribunal provincial.
La Asociación Gremial de Empleados Judiciales presentó una acción de inconstitucionalidad contra la reforma y cuestionó los nuevos nombramientos. Posteriormente, cuatro integrantes del Tribunal Superior provincial declararon nula la decisión que permitió la incorporación de los nuevos jueces.
En el fallo, la Corte Suprema nacional cuestionó los “graves defectos” de fundamentación en la resolución adoptada por el tribunal santacruceño y remarcó la “trascendencia institucional” del caso, al considerar que estaba en juego la correcta integración de uno de los poderes del Estado provincial.
Además, el máximo tribunal sostuvo que el gobierno federal es garante del funcionamiento de las instituciones provinciales y revocó la decisión que frenaba la ampliación del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz.
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