Buenos Aires, 3 junio (NA) – El conflicto por Playa Redonda volvió a golpear a la gestión municipal de Mar del Plata, esta vez por una denuncia de la concesionaria contra integrantes de espacios vecinales que cuestionan el modelo de privatización y explotación de unidades turísticas fiscales.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la denuncia fue presentada por Santiago de Compostela 1943 SA, firma vinculada al publicista Roberto Fiocca, contra tres integrantes de asambleas vecinales.
La empresa sostuvo que terceros rompieron un candado, colocaron ramas y escombros en un ingreso e impidieron el paso hacia la unidad turística fiscal. Además, pidió que la Justicia ordene un desalojo y dicte una prohibición de acercamiento.
Desde la Asamblea por los bienes comunes de Chapadmalal, en cambio, calificaron la presentación como “hostigamiento y persecución” y dijeron que los vecinos sólo intentan resistir la entrega de bienes comunes y proteger una de las últimas playas libres.
El conflicto tiene un trasfondo más amplio: falta de información precisa sobre las intervenciones, reclamos por estudios de impacto ambiental y antecedentes de disputas por la gestión privada de espacios públicos costeros.
La postal es incómoda para el municipio: Mar del Plata entrega playas, los vecinos resisten y ahora terminan denunciados. Cuando defender un espacio público se convierte en causa judicial, el problema ya no es solo turístico: es político.
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