Buenos Aires, 5 junio (NA) – La gestión de Mauro García en General Rodríguez sumó un nuevo problema institucional: el Tribunal de Cuentas bonaerense resolvió avanzar con una denuncia por el presunto uso de fondos públicos con fines políticos.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la presentación fue impulsada por el abogado Miguel Puentes y cuestiona la entrega de kits escolares financiados con recursos municipales que, según la denuncia, incluían elementos identificados con un logo asociado a la gestión del intendente.
El caso golpea una zona sensible de cualquier municipio: la frontera entre política pública y propaganda oficial. Una cosa es entregar materiales escolares; otra, mucho más delicada, es usar fondos del Estado para instalar marca de gestión sobre asistencia educativa.
El avance del Tribunal no implica una condena, pero sí abre una instancia formal para analizar documentación, descargos y posibles responsabilidades administrativas.
La defensa del entorno municipal sostiene que los programas sociales y educativos forman parte de políticas públicas habituales, pero el punto de fondo sigue siendo incómodo: quién controla que la ayuda escolar no termine convertida en publicidad política pagada por los vecinos.
La postal es clara: General Rodríguez reparte kits, pero ahora debe explicar si estaba asistiendo a estudiantes o promocionando al intendente con plata municipal.
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