Buenos Aires, 7 junio (NA) — La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) extendió de manera anticipada su contrato con la firma TourProdEnter LLC y amplió sus facultades hasta 2030 en la previa de la investigación judicial sobre el manejo de la entidad y sus principales directivos.
Mientras el escándalo judicial crece, los detalles de esta renovación, publicada por el diario La Nación, revelan una maniobra para asegurar el control de los fondos de la entidad en el exterior por los próximos seis años.
El 15 de octubre de 2025, el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, selló la continuidad de la relación con la empresa de Javier Faroni y Erica Gillette, más de un año antes de que venciera el contrato original, previsto para diciembre de 2026.
A diferencia de acuerdos anteriores, esta extensión se manejó bajo un estricto hermetismo. No fue incluida en el temario de la reunión del Comité Ejecutivo ni se informó en la asamblea ordinaria posterior. Incluso cuando la Justicia allanó la sede de la calle Viamonte, la entidad solo mencionó un contrato “vigente”, ocultando sistemáticamente la existencia de la prórroga hasta 2030.
La extensión no fue solo temporal, sino que amplió las facultades de TourProdEnter. El nuevo documento, que lleva la firma de Tapia y el secretario general de la AFA, Cristian Malaspina, transformó a la firma de un simple “agente comercial y de cobro” en un administrador operativo de pagos.
Bajo este nuevo esquema, la empresa con sede en Miami, que mantiene sus comisiones del 30% por ingresos y 10% por logística, tiene ahora el poder de:
* Administrar los pagos de la AFA en el exterior.
* Efectuar pagos a la entidad mediante bonos de deuda soberana argentina o transferencias bancarias.
* Ejecutar órdenes de pago a terceros por cuenta y orden de la AFA.
* Ceder el contrato a sociedades afiliadas en cualquier jurisdicción.
Para el fiscal en lo Penal Económico, Emilio Guerberoff, el apuro por firmar esta extensión temporal automática denota una estrategia para evitar la trazabilidad del dinero. El dictamen fiscal sostiene que la maniobra buscó ocultar el verdadero origen y destino de fondos que deberían integrar el patrimonio de la AFA, pero que terminaron fluyendo hacia empresas fantasma en Miami.
Mientras la AFA justificó la prórroga en la “buena performance” de la empresa, la realidad operativa muestra notorias inconsistencias: la sede declarada por TourProdEnter en Miami funciona actualmente como una hamburguesería, y los balances oficiales de la AFA omitieron sistemáticamente estos movimientos millonarios durante años, según supo la Agencia Noticias Argentinas.
Con la Justicia de Estados Unidos investigando los movimientos bancarios de Faroni y Gillette, el contrato que Tapia pretendía “blindar” hasta 2030 se ha convertido en la principal prueba de cargo de una defraudación de magnitud aún no calculada que impacta directamente en las arcas de los clubes argentinos.
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