Buenos Aires, 10 junio (NA) — Representantes de organizaciones de la sociedad civil, colegios de abogados y cámaras empresarias expresaron en la Cámara de Diputados reparos respecto de los alcances que tendría la ley de lobby en el caso de que se mantuviese la redacción tal cual llegó del Poder Ejecutivo.
Con la iniciativa para regular el “lobby”, que imita el modelo americano, el Gobierno busca darle un marco de transparencia a las gestiones legítimas que realizan empresas o intermediarios ante los funcionarios y legisladores para promover intereses sectoriales e influir en la toma de decisiones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo.
Sin embargo, un variopinto arco de organizaciones expresó hoy en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General que hay problemas en las definiciones conceptuales sobre la gestión de intereses y beneficiarios finales, con una redacción tan amplia que no distingue entre el lobby corporativo con simples requerimientos ciudadanos como pedidos de audiencias públicas o de acceso a la información.
El primer orador fue el CEO de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham), Alejandro Díaz, quien consideró que “el proyecto tiene que precisar algunas definiciones, entre ellas las de gestor, gestión de intereses y beneficiario final”.
Además señaló que “debería reconocerse la naturaleza colectiva de la representación”.
“Sería necesario aclarar cómo operan las reglas de compatibilidad en estos casos, evitando que situaciones particulares de algún miembro de una entidad condicionen la adecuada representación de los intereses de la misma”, subrayó.
Para Díaz, “se deben limitar actividades que no deben considerarse gestión de intereses, por ejemplo, las transacciones habituales con el Estado, o las respuestas a consultas o requerimientos de información a organismos públicos”.
A su vez, indicó que “resulta conveniente precisar el alcance de las disposiciones referidas a los intereses extranjeros”.
A su entender, la sanción “es aplicable si la norma se refiere a gobiernos (extranjeros), pero debería evitarse que empresas con actividades e inversiones en la Argentina sean consideradas automáticamente como representantes de intereses extranjeros por el solo hecho de formar parte de grupos internacionales”.
A su turno, la presidenta del Colegio de Abogados de la Capital Federal, Alejandra García, admitió que “la regulación del lobby es necesaria” que “la Argentina mantiene una deuda pendiente en esta materia”.
“Sin embargo, el mensaje del Poder Ejecutivo al enviar este proyecto presenta deficiencias estructurales graves”, arrancó.
Según dijo, “el primer problema se encuentra en la definición de gestión de intereses contenida en el artículo 2”, cuya “redacción es tan amplia que comprende literalmente cualquier comunicación dirigida a influir sobre una decisión pública”.
“No distingue entre actividades remuneradas o gratuitas, profesionales o espontáneas, permanentes u ocasionales”, ejemplificó.
“Esa amplitud obliga a preguntarse si el proyecto se limita efectivamente a regular la actividad conocida de lobby o si, por el contrario, termina alcanzando conductas que forman parte del ejercicio regular de profesiones constitucionalmente protegidas como la abogacía”, planteó.
Para García, esta falta de segmentación “constituye una forma de criminalización del ejercicio constitucional de peticionar ante las autoridades”.
“El artículo 14 de nuestra Constitución no distingue entre quien peticiona de forma individual o lo hace en representación colectiva, de una institución, de un sindicato, de una organización de la sociedad civil o de un colegio profesional”, recordó.
“Sin embargo, la obligación de registración previa y las sanciones penales convierten en potencialmente ilícitas conductas que forman parte de la participación democrática ordinaria”, cuestionó.
En tanto, la titular del Colegio de Abogados porteño aseguró que “el título octavo del proyecto, en los artículos 39 y 42, introduce tipos penales con una severidad sin precedentes en materia de regulación de lobby”.
“Se tipifica como delito con pena de prisión la mera falta de inscripción registral, aún cuando no exista corrupción, fraude, daño concreto ni afectación de otro bien jurídico más allá de un incumplimiento a una obligación formal”, reparó.
Consideró en este sentido que la legislación propuesta “resulta incompatible con el principio de última ratio”.
“Para dimensionar este problema, hay que observar que el artículo 39 prevé para la denominada gestión clandestina de intereses la misma pena que el Código Penal establece para el delito de abuso de autoridad. Esta conducta podría simplemente consistir en mantener una conversación con un funcionario sin estar previamente inscrito en un registro, como por ejemplo en un pasillo de esta casa (Cámara de Diputados)”, graficó.
Asimismo advirtió que se “asigna al particular una pena más grave que para el funcionario que incumple su propia obligación de registrar el contacto”.
Por lo dicho, concluyó que “el régimen sancionatorio administrativo no establece una adecuada relación entre la gravedad de la conducta y la intensidad de la sanción aplicable”.
La directora ejecutiva de Directorio Legislativo, María Berón, coincidió en que el proyecto de ley de lobby tiene un problema de falta de “taxatividad” en las definiciones conceptuales.
También cuestionó el hecho de que la norma designe como autoridad de aplicación a la Agencia de Acceso a la Información Publica (AAIP).
“Esta autoridad de aplicación no tiene autonomía ni funcional ni financiera, y ese es el principal problema que tiene este proyecto”, apuntó.
“El tercer problema tiene que ver con las sanciones. Hay una desmedida pena de prisión para quienes no cumplen procesos administrativos”, criticó.
Por su parte, el director ejecutivo de Poder Ciudadano, Pablo Secchi, arrancó su discurso con los tapones de punta al preguntarse “si esta es una ley que busca regular el lobby o controlar las agendas de las asociaciones de la sociedad civil y de los legisladores”.
“Indudablemente, la influencia de los grandes intereses económicos sobre las decisiones públicas es un problema real y hay que trabajarlo. Es un problema documentado que corroe la confianza de las instituciones. Pero este proyecto en particular mete en una misma bolsa al que se reúne con un funcionario para pedirle que una ley lo beneficie y al que pide una audiencia pública para mejorar una ley de acceso a la información pública, por ejemplo”, lamentó.
También cuestionó que “mete en el mismo lugar al que presiona por su sector con al que impulsa la transparencia, los derechos humanos y la protección del ambiente”.
“Esa confusión no es un detalle técnico, es básicamente el corazón del problema. Esta ley, a nuestro entender, está mal diseñada o quizás algo peor: busca el control estatal sobre la sociedad civil y, muy especialmente, sobre los legisladores, quienes van a tener que pedir permiso e informar sobre cada movimiento que hagan a las autoridades de la cámara”, alertó.
Para Secchi, se trata de “un proyecto que regula demasiado para la propuesta del Gobierno que quiere desregular”.
“Además, coarta bastante la libertad de las organizaciones de la sociedad civil generando muchísima burocracia”, finalizó.
María José Lubertino, de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, consideró que “tal como está redactado este proyecto resulta inconstitucional e inconvencional, porque viola la igualdad ante la ley”.
“Es peligroso, inviable y confuso”, disparó la ex legisladora porteña y ex titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).
LOS DETALLES DE LA LEY DE LOBBY DEL GOBIERNO
La norma propuesta crea un Registro Público de Gestiones e Intereses donde se deberán inscribir lobistas, y exige declaraciones juradas sobre intereses representados, clientes o beneficiarios de las gestiones.
Además, los Registros Públicos de Gestión de Intereses deberán contener fecha, hora y modalidad del contacto, dependencia donde se realizó la gestión, el beneficiario o cliente de la gestión, y una síntesis de los asuntos abordados.
Los gestores de intereses que incurran en infracciones serán sancionados con multas desde 500 salarios mínimos hasta la inhabilitación definitiva para ejercer actividades como lobistas
Por representación clandestina de intereses extranjeros será reprimido con prisión de seis meses a tres años e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena.
La iniciativa también exige también obligaciones para los funcionarios públicos, tanto del Gobierno como del Congreso, que deberán dar publicidad de cada audiencia que tengan con lobistas y rendir cuentas de esos vínculos.
En principio, el oficialismo no debería tener problema es darle media sanción a este proyecto: existe un núcleo de coincidencias filosóficas con otras bancadas de la oposición dialoguista sobre la necesidad de terminar con la opacidad que caracteriza el lobby en Argentina desde hace décadas.
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