Buenos Aires, 24 junio (NA) — El gobierno de San Luis abrió un frente institucional de alto voltaje contra la jueza Cynthia Fernández Paz, luego de que la Fiscalía de Estado presentara una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento para pedir su destitución y suspensión preventiva por una regulación de honorarios superior a $1.000 millones en una causa ambiental vinculada al Parque Acueducto Vulpiani.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la presentación fue formalizada por la fiscal de Estado, Fabiana Zárate, por instrucción del gobernador Claudio Poggi, y acusa a la magistrada de “desconocimiento inexcusable y grave del derecho”, incumplimiento de deberes e irregularidades procedimentales que, según el planteo oficial, afectarían el patrimonio provincial.
La denuncia apunta a una resolución dictada en el marco de un incidente de regulación de honorarios dentro de una causa ambiental. El gobierno provincial sostiene que se transformó un proceso de monto indeterminado en uno con valor económico y que esa decisión derivó en una carga millonaria contra el Estado por una obra pública que, según la versión oficial, no se concretó.
La ofensiva, sin embargo, también abrió una lectura política. El Diario de la República planteó que la magistrada interviene en expedientes nacidos de reclamos ambientales que habían sido impulsados por el mismo espacio político que hoy gobierna. La causa Vulpiani se originó durante la gestión anterior, en medio de cuestionamientos sociales y políticos a una obra proyectada en Juana Koslay, y Poggi había acompañado públicamente esas críticas cuando era candidato.
El gobierno provincial niega que el eje sea político y afirma que actúa para defender los intereses patrimoniales del Estado. Zárate reforzó esa postura al sostener que Fiscalía tiene la obligación de proteger los recursos públicos y que el caso debía ser llevado al Jury por la magnitud de la regulación.
Otro dato sensible es que, según la presentación difundida por medios provinciales, ante el juzgado de Fernández Paz tramitan actualmente 37 causas en las que el Estado provincial es parte. Ese punto agrega impacto institucional al pedido de suspensión preventiva, porque una eventual continuidad o apartamiento de la jueza puede incidir en expedientes donde la administración pública puntana tiene intereses directos.
La próxima instancia queda en manos del Jurado de Enjuiciamiento, que debe analizar la admisibilidad de la denuncia, el pedido de suspensión preventiva y el eventual avance del proceso contra la magistrada.
Agencia NA
