Buenos Aires, 1 julio (NA) — En medio de la disputa del Mundial de Fútbol, representantes del Ministerio de Seguridad defendieron en la Cámara de Diputados a la ley “anti barras” que presentó el Gobierno nacional en marzo pasado y que propone la creación de un “Régimen para la prevención y represión de delitos en espectáculos deportivos”.
En tanto, desde la AFA participaron de la reunión informativa de la comisión de Legislación Penal, que preside la oficialista Laura Rodríguez Machado, y apoyaron la iniciativa, aunque con algunas reservas sobre aspectos puntuales del texto oficial.
De esta manera, el Congreso retomó el debate que se había iniciado cuando la ministra de Seguridad era la actual jefa de senadores libertarios, Patricia Bullrich, que fue quien se había puesto al hombro el proyecto inicialmente.
El primer orador del debate fue el director de Normativa y Legislación del Ministerio de Seguridad, Martín Ferlauto, quien calificó al proyecto anti barras como “novedoso a nivel de derecho comparado e internacional, fundamentalmente por el enfoque”.
“Ya desde el primer artículo, amplía el ámbito de aplicación de la ley vigente a hechos de violencia que ocurren como consecuencia de la pertenencia o de la afiliación de las personas involucradas -agresores- a parcialidades futbolísticas o deportivas determinadas”, fundamentó.
El funcionario de la cartera encabezada por Alejandra Monteoliva destacó que el artículo 13 del proyecto “considera que los hechos criminales que cometen los barrabravas van a ser contemplados bajo la figura de la asociación ilicitica”.
“Los barrabravas son lo opuesto al hincha, ven al deporte como una oportunidad para intimidar, para mostrar fuerza frente a dirigentes u otros hinchas, en muchos casos ni siquiera están mirando el partido”, argumentó Ferlauto.
“Donde el hincha ve una pasión, un barrabrava ve una oportunidad para generar un negocio ilícito que se impone a través de la violencia o la intimidación”, insistió, antes de comparar la propuesta para combatir la violencia en estadios deportivos argentinos con la normativa que se aprobó en el Reino Unido para combatir a los “hooligans”.
A su turno, el director Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, explicó “desde hace mucho tiempo, el fútbol tiene un poder que va más allá del espectáculo deportivo”.
“Se manejan entradas falsas, reventa de entradas, hay violencia, se ingresan armas, se hacen extorsiones, se cometen delitos organizados. Las barras son verdaderamente organizaciones criminales y tienen que tener un tratamiento especial”, indicó.
El funcionario señaló que “muchas veces suceden incidentes graves fuera de un espectáculo deportivo, porque es una hinchada contra otra hinchada”.
“Esto tiene que tener un tratamiento especial porque está en el contexto de la violencia deportiva”, insistió.
Por su parte, Andrés Paton Urich, asesor legal de AFA y miembro del comité de apelaciones de FIFA, consideró que “todos los elementos que partan desde el Estado y permitan que los espectáculos deportivos sean un éxito, van a ser bienvenidos”.
“No nos gustan y no queremos cuestiones delictivas dentro de la fiesta del fútbol, porque hace que las familias no concurran y no es lo que nosotros queremos”, enfatizó.
No obstante, el representante de la AFA marcó algunas disidencias parciales respecto al proyecto del Poder Ejecutivo, especialmente con el hecho de que la redacción de la iniciativa habilite la posibilidad de que los clubes sean sociedades anónimas.
“La AFA es una asociación civil compuesta por clubes que son asociaciones civiles, sin fines de lucro. Nosotros defendemos como modo asociativo esa figura, hemos tenido un fallo a favor en la Justicia y seguiremos la asociación civil porque entendemos que es lo justo y necesario para nuestros clubes”, subrayó.
En otro orden, Paton Urich sostuvo que desde la AFA “se trabaja para erradicar cualquier tipo de violencia dentro del fútbol”.
“Hemos trabajado en campañas anti discriminación, anti xenofobia, anti racismo y anti homofobia”, ejemplificó.
“Un fútbol lleno de hinchas y sin barras también es lo que queremos desde AFA y trabajamos fervientemente para que ello ocurra”, cerró.
LOS DETALLES DEL PROYECTO ANTI BARRAS DEL GOBIERNO
La propuesta del Gobierno tiene como punto central el aumento de las penas a los barrabravas, al configurarse un nuevo “tipo especial de asociación ilícita”.
El proyecto impone penas de hasta seis años de prisión para los dirigentes de los clubes que colaboren o tengan una connivencia con los barrabravas.
En ese sentido, se autoriza a investigar a los dirigentes de los clubes que, por ejemplo, entreguen entradas o mantengan determinados vínculos económicos irregulares con los barras.
La iniciativa “anti barras” comprende penas de entre un año y cuatro años de prisión “al que dañare muebles o inmuebles” de un espectáculo deportivo.
El proyecto dispone penas de prisión de entre 3 años y 6 meses a 6 años a aquel que “portare armas blancas, piedras, botellas u otros instrumentos contundentes”, en ocasión de espectáculos deportivos.
También se establece un rango de penas de prisión de entre 4 y 8 años para el que “introdujera, guardare o portare elementos inflamables, asfixiantes o tóxicos”.
Asimismo, se contemplan penas de entre 4 y 10 años por portar “armas de fuego o artefactos explosivos”.
Otras penas, también excarcelables, aplican cuando dos o más personas ocasionen la suspensión del partido mediante el empleo de la violencia.
La distribución ilegal de entradas tendrá penas de dos a seis años de prisión y la misma sanción está prevista para la reventa de entradas en forma irregular.
En los fundamentos del proyecto del Gobierno, se indica que “las organizaciones delictivas ligadas al deporte, especialmente pero no únicamente al fútbol, no solo desarrollan su violento accionar con motivo o en ocasión de espectáculos deportivos específicos, como surge del enfoque de la Ley N° 23.184”.
“Por el contrario, los miembros de estas organizaciones delictivas permanentes pueden atacar violentamente por fuera del contexto de eventos deportivos, en cualquier lugar del país, si sus intereses económicos se ven en peligro, inclusive hacia miembros del mismo grupo organizado de fanáticos dentro de una hinchada de fútbol”, se señala.
“En otros casos, en distintas jurisdicciones del país, se han registrado graves agresiones a hinchas de determinados equipos, por el solo hecho de ser simpatizantes”, sostiene el Poder Ejecutivo.
“Por ello, el objeto central del proyecto consiste en erradicar la violencia ligada al deporte en sus diversas facetas, incluyendo delitos de odio, crimen organizado ycomportamientos que obstaculicen el disfrute pacífico del espectáculo para las familias argentinas”, se concluye.
Agencia NA
