Buenos Aires, 7 julio (NA) – El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, volvió a quedar en el centro de la polémica, al reactivar la convocatoria a elecciones de convencionales constituyentes para el 9 de agosto, después de un fuerte revés judicial que había frenado el proceso y encendido sospechas por el posible impacto de la reforma en su futuro político.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el conflicto institucional se arrastra desde que la Justicia Electoral anuló la convocatoria impulsada por el mandatario provincial, en medio de cuestionamientos opositores por una reforma que, aunque fue presentada con otros objetivos institucionales, podía abrir una discusión sensible sobre los límites a los mandatos.
La foto política es incómoda para Melella: mientras Tierra del Fuego atraviesa problemas económicos, tensiones energéticas, reclamos por infraestructura y una interna provincial cada vez más dura, el gobernador insiste con una reforma constitucional que termina asociada a su propio destino electoral.
El oficialismo fueguino sostiene que la discusión apunta a modernizar la Constitución provincial y ordenar el sistema institucional. Sin embargo, el costo político ya está instalado. La oposición leyó la maniobra como una puerta hacia la re-reelección y la Justicia Electoral llegó a bloquear el camino inicial, lo que dejó expuesta la fragilidad del proceso.
La nueva convocatoria no despeja las dudas: las profundiza. Melella deberá explicar por qué la provincia necesita abrir ahora una elección de convencionales, cuánto costará el proceso, qué artículos concretos se pretenden tocar y qué garantías tendrá la ciudadanía de que la reforma no será usada para acomodar el tablero de 2027.
El problema no es solo jurídico. Es político. El gobernador queda obligado a demostrar que no está forzando una ingeniería institucional para sostener poder propio, especialmente después de que el expediente ya atravesó tribunales y generó una reacción pública de rechazo.
En una provincia chica, con ciudades golpeadas por demandas básicas y con intendentes que miran con desconfianza a la Casa de Gobierno, el intento reformista aparece como una prioridad discutible. La gestión provincial deberá explicar por qué la reforma está por encima de urgencias concretas como energía, obra pública, salud, seguridad y salarios.
Melella consiguió volver a poner la elección en marcha, pero no logró borrar la sospecha que quedó pegada al proyecto. Y esa sospecha es la que ahora amenaza con convertir la reforma constitucional en un plebiscito político sobre su propia ambición.
Agencia NA
