Buenos Aires, 10 julio (NA) – El intendente de General Rodríguez, Mauro García, quedó bajo presión luego de que se desarticulara una organización dedicada al robo, desarme y comercialización ilegal de vehículos, con dos talleres clandestinos detectados dentro del distrito.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, los operativos permitieron recuperar nueve vehículos robados y secuestrar una gran cantidad de autopartes que eran ofrecidas a través de redes sociales y plataformas digitales.
El caso golpea a la gestión municipal porque expone una falla sensible de control urbano: talleres ilegales, autos con impedimentos legales, motores desmontados, piezas sueltas y estructuras de vehículos reducidas casi a chatarra funcionaban en el territorio sin que el municipio pudiera neutralizar antes ese circuito.
Los allanamientos se realizaron en inmuebles ubicados en las calles Intendente Colombraro y Liniers, donde los investigadores hallaron automóviles Honda, motores, cajas de cambio, puertas, capots, ópticas, llantas, paragolpes, radiadores y otras piezas presuntamente vinculadas a vehículos sustraídos.
La investigación comenzó tras el robo de un Honda Civic blanco en Belgrano. La propia víctima rastreó publicaciones de autopartes similares en plataformas digitales y esa pista llevó a los investigadores hasta General Rodríguez. Ese dato es políticamente incómodo: si la pesquisa avanzó porque una víctima encontró piezas en internet, el municipio deberá explicar qué controles propios realiza sobre talleres, depósitos, habilitaciones comerciales y desarmaderos clandestinos.
García deberá informar cuántos operativos de inspección se hicieron en rubros vinculados a mecánica, autopartes y depósitos, qué coordinación existe con la Justicia y qué mecanismos tiene el municipio para detectar inmuebles que funcionan fuera de la legalidad.
El robo y desguace de autos no es un delito menor. Alimenta mercados ilegales, afecta a vecinos, encarece seguros, mueve dinero informal y requiere una logística territorial que no se improvisa. Para que un desarmadero funcione, necesita espacio, circulación de vehículos, compradores, publicaciones y cierta tolerancia del entorno.
La gestión local no puede mirar el caso como un operativo ajeno. General Rodríguez quedó señalado como punto de almacenamiento y comercialización de autopartes robadas, y eso obliga al Ejecutivo municipal a revisar controles.
El intendente necesita demostrar que el distrito no será una zona cómoda para talleres clandestinos. Porque cuando los autos robados terminan desarmados en galpones locales, la pregunta deja de ser policial y pasa a ser política: quién controla General Rodríguez.
Agencia NA
