Buenos Aires, 18 julio (NA) – La muerte de dos chicos de 8 y 4 años en un siniestro vial ocurrido en El Colmenar volvió a poner bajo presión a Tucumán y dejó al gobierno de Osvaldo Jaldo frente a una pregunta urgente: qué controles reales existen en los corredores urbanos donde conviven motos, colectivos, familias y tránsito pesado.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el hecho ocurrió el jueves sobre la avenida Juan Perón al 3100, entre las calles Diego de Rojas y Tiburcio Padilla, cuando una moto en la que circulaban los menores quedó involucrada en una colisión con una unidad de transporte público.
La tragedia no puede ser leída solo como un expediente policial. Cuando dos chicos mueren en plena vía urbana, la discusión alcanza al sistema completo de seguridad vial: controles, ordenamiento del tránsito, fiscalización del transporte, velocidad, señalización, uso de cascos, circulación de motos y presencia estatal en zonas críticas.
De acuerdo con los primeros datos, en el siniestro estuvieron involucrados colectivos de las líneas 105 y 7 y una motocicleta Motomel Bliss. La causa quedó bajo intervención de la Fiscalía de Homicidios n.º 1, que ordenó pericias, relevamiento de cámaras y secuestro de los vehículos para reconstruir la mecánica del hecho.
El gobierno tucumano deberá explicar si ese tramo de avenida Juan Perón cuenta con controles suficientes, qué nivel de fiscalización existe sobre el transporte público, cuántos operativos se realizan sobre motos y qué medidas se adoptaron en los últimos meses para reducir la siniestralidad vial.
El problema es especialmente sensible porque las tragedias viales suelen tratarse como hechos aislados, cuando en realidad muestran fallas acumuladas. Una avenida con circulación intensa necesita presencia permanente, no solo intervención después del impacto.
Jaldo viene mostrando una agenda de gestión basada en orden, obra pública y presencia estatal, pero la muerte de dos menores desnuda una realidad mucho más dura: hay zonas donde el Estado llega cuando la tragedia ya ocurrió.
La provincia deberá informar, además, si existen estadísticas actualizadas de siniestros en corredores urbanos, cuáles son los puntos más peligrosos y qué coordinación concreta hay entre seguridad, transporte, municipios y Justicia.
Tucumán no puede limitarse a esperar el resultado de las pericias. La investigación dirá cómo ocurrió el choque, pero la política debe responder otra cosa: qué se hizo antes para evitarlo.
Dos chicos murieron en una avenida. Esa escena deja una marca que ningún comunicado puede suavizar y obliga al gobierno provincial a revisar si la seguridad vial es una política real o apenas una reacción tardía cada vez que la calle se cobra otra vida.
Agencia NA
