Buenos Aires, 24 julio (NA) — Los imputados por la presunta extorsión cometida contra el soldado Rodrigo Gómez, el joven de 21 años que se suicidó en la Quinta de Olivos mientras cumplía tareas de custodia, continuarán detenidos bajo el régimen de presos de alto riesgo, normativa implementada por el Ministerio de Seguridad.
La Cámara Federal del Departamento Judicial de San Martín desestimó el pedido de inconstitucionalidad planteado por las defensas de T.M.F., de 23 años; M.J.D.A., de 25; I.A.C., de 23; y K.Y.C., de 25, todos ellos procesados y a punto de ir a juicio oral y público, tras el pedido de la Fiscalía Federal N.º 1 de San Isidro, Federico Iuspa.
Los jueces Marcelo Darío Fernández y Juan Pablo Salas consignaron que este tipo de recursos deben presentarse cuando haya una contradicción evidente e insalvable entre la Constitución Nacional y la norma cuestionada.
Los magistrados dieron por acreditado que la cartera encabezada por la ministra Alejandra Monteoliva y el Servicio Penitenciario Federal intervinieron dentro de sus atribuciones legales en la organización del alojamiento de los delincuentes de alta peligrosidad, tales como los implicados en el caso del soldado.
Con relación a las pruebas recolectadas, el fiscal solicitó que T.M.F. y M.J.D.A. sean juzgados por los delitos de asociación ilícita agravada, en carácter de jefes, y como coautores de tres hechos de extorsión. Además, requirió que respondan por la instigación a cometer el suicidio de Gómez, delito contemplado en el artículo 83 del Código Penal que prevé una pena de 1 a 4 años de prisión.
Respecto de K.M.S.P., I.A.C., K.Y.C., E.Y.T. y C.A.M., solicitó que sean llevados a juicio como miembros de una asociación ilícita agravada y coautores de los tres hechos de extorsión.
Asimismo, señaló que T.M.F., M.J.D.A. y K.M.S.P. eran “compañeros de encierro, que, a su vez, se servían de la ayuda de sus respectivas parejas y de C.M. para recibir y reconducir el dinero de las extorsiones que obtenían con su accionar ilegal”.
LA INVESTIGACIÓN
La causa se inició el 16 de diciembre pasado, tras el hallazgo del cuerpo sin vida del soldado Rodrigo Gómez, de 21 años, en una de las garitas de la residencia presidencial de Olivos, donde prestaba funciones de custodia.
El integrante del Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín se quitó la vida con su arma reglamentaria y dejó una carta en la que explicó los motivos de su decisión.
A partir del trabajo conjunto entre la fiscalía, el juzgado y la División Homicidios de la Policía Federal Argentina, se logró reconstruir la modalidad de actuación de la organización e identificar a sus presuntos integrantes, destaca el documento publicado en el portal Fiscales.
La pesquisa permitió establecer que el grupo creaba perfiles falsos de mujeres en aplicaciones de citas, entre ellas Evermatch, para entablar contacto con potenciales víctimas y luego trasladar la conversación a WhatsApp.
La organización participó de tres hechos concretos. El primero tuvo como víctima al soldado Gómez, quien el 15 de diciembre pasado transfirió $1.413.000 a dos cuentas de Mercado Pago.
Posteriormente, las víctimas recibían un mensaje de audio de una persona que se presentaba como la madre de la supuesta joven y que afirmaba que se trataba de una menor. Bajo esa excusa, advertía sobre la posibilidad de formular una denuncia penal.
Luego intervenía otra persona que se hacía pasar por integrante de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, usurpando la identidad de un efectivo real. Mediante llamadas telefónicas exigía transferencias de dinero bajo el pretexto de evitar la supuesta denuncia y “ayudar con la situación”.
El segundo episodio ocurrió el 26 de diciembre, cuando otro hombre fue obligado a transferir $15.000 a una cuenta de la misma billetera virtual vinculada con otra de las imputadas. Finalmente, entre el 22 y el 28 de diciembre, una tercera víctima depositó un total de $116.000 en cuentas pertenecientes a dos de las acusadas.
Agencia NA
