Buenos Aires, 26 agosto (NA) — El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona se reanudará este jueves con las declaraciones de tres médicos luego del escandaloso análisis de las historias clínicas pertenecientes al padre del astro argentino, Don Diego, durante la realización de la Junta Médica Interdisciplinaria.
Fuentes del caso informaron a la Agencia Noticias Argentinas que se trata de un nefrólogo, un cardiólogo y un hepatólogo, tres de los 22 peritos que analizaron el fallecimiento del célebre futbolista: Hernán Trimarchi, jefe del Servicio de Nefrología del Hospital Británico; Gustavo Di Niro, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Municipal Central de San Isidro Doctor Melchor Ángel Posse; y Fernando Cairo, subjefe de Trasplante Hepático del Hospital El Cruce.
Trimarchi y Di Niro comparecerán por segunda vez ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón. El primer especialista describió la semana pasada que Maradona “tenía un problema renal crónico”, y que era difícil detectarlo porque “no se exterioriza”, y que se confirmó cuando el paciente ya había fallecido, mediante la autopsia.
Sin embargo, la defensa de la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini, constató que el profesional se refería a estudios correspondientes a Don Diego entre 2012 y 2015, año en el que falleció, mientras que los números de afiliados a la prepaga eran distintos y el exentrenador no se encontraba en la Argentina cuando se agravó la salud de su padre en el Sanatorio Los Arcos.
En este contexto, el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro ordenó la realización de allanamientos a la clínica del barrio porteño de Palermo y a la sede de Swiss Medical, donde se secuestró la historia clínica del exentrenador de la Selección argentina.
Además, la empresa de medicina prepaga admitió que, por un error en su sistema de laboratorio, los estudios de Don Diego y el exfutbolista quedaron registrados bajo un mismo legajo.
De acuerdo con lo incorporado en un informe interno, ambos pacientes habían sido ingresados inicialmente con sus respectivos datos personales y las órdenes de estudios habían quedado correctamente asignadas.
Sin embargo, luego de la primera admisión de Diego Maradona (padre) en el sistema de laboratorio, se habría producido una modificación en su registro: al nombre del paciente se le agregó “Armando”, por lo que pasó a figurar como Diego Armando Maradona, pese a que los estudios correspondían al progenitor.
A partir de ese error, siempre según el texto de Swiss Medical, los protocolos de laboratorio de Diego Maradona padre comenzaron a quedar asociados bajo el mismo nombre que los correspondientes a su hijo. De esta manera, en un único registro quedaron reunidos estudios de dos personas.
La explicación brindada por la prepaga también remite al funcionamiento de los sistemas utilizados en ese período, cuando los estudios de laboratorio y parte de la información administrativa eran cargados de manera manual y no existía una integración automática entre los distintos registros.
Por su parte, los fiscales adjuntos de San Isidro, Cosme Iribarren y Patricio Ferrari, consignaron en diálogo con este medio que “la situación que ha quedado evidenciada en la última jornada del juicio muestra gravedad institucional”.
“Corresponderá a los Fiscales a cargo de esa investigación determinar si existió la comisión de delito y en su caso establecer sus responsables. Sin embargo, ninguna acción temeraria podrá poner en jaque la continuidad de un juicio oral válido y eficiente que ha respetado las garantías constitucionales de los involucrados y se afianza en llegar a sus pasos finales con determinaciones más que elocuentes”, señalaron.
Además de Forlini, el neurocirujano y ex médico de confianza de Maradona, Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Almirón; el coordinador de la enfermería, Mariano Perroni; y el médico clínico Pedro Di Spagna, se encuentran imputados por el delito de homicidio simple con dolo eventual, cuya pena en expectativa va de ocho a 25 años de prisión.
Agencia NA
