Buenos Aires, 1 septiembre (NA) – Dirigentes del peronismo, el radicalismo y otras fuerzas políticas difundieron una declaración conjunta al cumplirse cuatro años del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, en la que reclamaron “nunca más la violencia política” y reivindicaron la legitimidad del adversario como condición para la convivencia democrática.
Entre los firmantes aparecen el jefe del bloque de senadores de Unión por la Patria, José Mayans; Sergio Massa y Diego Giuliano, por el Frente Renovador; Miguel Ángel Pichetto, de Encuentro Republicano Federal; Ricardo Alfonsín, del Frente Amplio por la Democracia; y Federico Storani, de Radicalismo Auténtico.
También suscribieron el documento Juan Grabois, Martín Sabbatella, Guillermo Moreno, Leopoldo Moreau, Carlos Heller, Emilio Pérsico, Claudio Lozano, Gustavo López, Juan Carlos Alderete y otros referentes políticos.
Bajo el título “La democracia no admite la eliminación del adversario”, la declaración fue difundida en el cuarto aniversario del intento de asesinato de la entonces vicepresidenta, ocurrido el 1° de septiembre de 2022.
“Aquel hecho no puede ser reducido a un episodio aislado ni desvinculado del clima político que lo precedió”, sostuvieron los firmantes, que vincularon ese contexto con “discursos de odio, campañas de estigmatización, noticias falsas —fake news—, operaciones de desinformación y distintas formas de violencia política”, comienza el escrito.
El documento planteó además que existe “una frontera que ninguna democracia puede permitirse cruzar: cuando la eliminación simbólica del adversario abre paso a la posibilidad de su eliminación física”.
En ese sentido, los dirigentes señalaron que el aniversario del atentado “no interpela exclusivamente al peronismo ni a quienes acompañan políticamente a Cristina Fernández de Kirchner”, sino “al conjunto del sistema democrático argentino”.
“En democracia, al adversario se lo enfrenta con ideas, argumentos, organización política y votos”, afirmaron, y advirtieron que nunca se lo debe perseguir “hasta convertir el ejercicio de la política en un riesgo para su libertad, su integridad o su vida”.
La declaración también hizo referencia al lawfare, definido como “la utilización de mecanismos judiciales, políticos y comunicacionales para perseguir, disciplinar o excluir dirigentes de la competencia democrática”, y cuestionó la articulación entre persecución judicial, operaciones mediáticas, noticias falsas y hostigamiento en redes.
Los firmantes relacionaron además el planteo con los 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, aunque aclararon que se trata de “contextos históricos profundamente diferentes” y que no corresponde establecer “equivalencias simplificadoras”.
“Ningún proyecto de país puede construirse sobre la eliminación del que piensa distinto”, sostuvieron.
El texto reivindicó finalmente la necesidad de recuperar “la legitimidad del adversario” y la posibilidad de “discutir profundamente sin negar el derecho del otro a existir políticamente” y “confrontar sin deshumanizar”.
La declaración concluyó con una serie de consignas: “Nunca más la eliminación del adversario. Nunca más la violencia política. Más democracia. Más participación. Más política”.
Agencia NA
