Buenos Aires, 3 septiembre (NA) — El Gobierno enviará un proyecto de ley al Congreso para que las concesiones de rutas nacionales no paguen impuestos de ninguna jurisdicción, en el marco del proceso de privatización de los caminos viales dependientes de Nación.
La iniciativa oficial abarca inicialmente 6.000 kilómetros de rutas distribuidas por todo el país, que serán licitadas en los próximos meses, como parte de un nuevo lote de tramos a concesionar que llegará hasta los 12.000 kilómetros.
El plan del Ejecutivo fue dado a conocer por el ministro de Economía, Luis Caputo, en su paso por el evento “Vientos de Cambio”, organizado por la Fundación Libertad y Progreso, al precisar que “todo lo que sean nuevas inversiones en rutas, vamos a proponer que sea a cero impuestos, nacional, provincial y municipal”.
El objetivo trazado por la administración libertaria es generar “más incentivo y que sea más barato todo este proceso de desarrollo y que se haga más rápido”, según adelantó el titular de la cartera económica.
De esta manera, la intención es que las empresas que asuman la construcción, explotación, administración y mantenimiento de las rutas de jurisdicción nacional no estén alcanzadas por tributos nacionales, provinciales ni locales.
Para que el beneficio impositivo incluya las cargas provinciales y municipales, el Gobierno de Javier Milei deberá contar con el aval de los gobernadores e intendentes. Al respecto, Caputo confió en obtener dicho acompañamiento al indicar que “ellos coinciden en que la inversión en rutas e infraestructura es fundamental”.
El reclamo de los mandatarios de las provincias y los jefes comunales por el estado de las rutas es constante e incluso algunos han logrado que determinados caminos pasen a su jurisdicción ante la falta de obras de mantenimiento y mejoras por parte de Nación.
La nueva estrategia gubernamental en busca de mayor inversión en la infraestructura vial se da en un contexto de un notorio recorte en los recursos destinados al sector, reflejado en las partidas dirigidas a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).
En este sentido, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) reveló que el presupuesto de la DNV cayó al menor nivel en tres décadas y en conjunto con el de la ANSV registró una reducción real del 70% entre 2023 y 2025.
Asimismo, el análisis detalló que las partidas para el mantenimiento de rutas nacionales “cayeron un 60% en términos reales entre 2023 ($826 mil millones) y 2025 ($333 mil millones)” y calculó que terminaría el 2026 con un nuevo recorte, ya que totalizaría $248 mil millones. El mismo panorama describió para las partidas destinadas a obras de construcción vial, que pasaron de $1.054 mil millones en 2023 a $265 mil millones en 2025.
Al referirse al impacto territorial, desde la ACIJ remarcaron que “la reducción de erogaciones se constata de forma generalizada en las jurisdicciones subnacionales” puntualizando que “en la provincia de Buenos Aires, el gasto devengado pasó de $468,5 mil millones en 2023 a $70,2 mil millones en 2025, registrando caídas de magnitud similar en distritos como Córdoba, Santa Fe y Mendoza”.
Agencia NA
