Buenos Aires, 4 septiembre (NA) – La política habitacional del gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, quedó bajo presión después de que familias se manifestaran frente al Instituto Provincial Autárquico de Vivienda y la propia conducción del organismo reconociera que más de 2.500 hogares están inscriptos y en condiciones de participar de un sorteo sólo en Santa Rosa.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la protesta se realizó el 2 de septiembre frente a la sede central del IPAV. El grupo estuvo integrado mayoritariamente por mujeres que llevan años dentro del registro y que expusieron situaciones atravesadas por alquileres impagables, enfermedades, discapacidad y menores a cargo.
Algunas representantes ingresaron al edificio para hablar con autoridades mientras el resto permaneció en la vereda. Una de las manifestantes aseguró que lleva más de veinte años inscripta y relató que su marido necesita oxígeno, no puede trabajar y que uno de sus hijos tiene una discapacidad. También afirmó haber presentado documentación médica en reiteradas oportunidades.
Esos testimonios no otorgan automáticamente un derecho de adjudicación por fuera del procedimiento vigente, pero revelan el costo humano de una lista en la que conviven casos sociales y sanitarios de extrema urgencia. El reclamo central fue que esas condiciones fueran evaluadas de manera particular y con intervención de trabajadores sociales.
La respuesta de la presidenta del IPAV, Érica Riboyra, confirmó la dimensión del problema y defendió el sorteo público como único mecanismo de entrega. La funcionaria sostuvo que en Santa Rosa hay más de 2.500 familias inscriptas y habilitadas para participar, y rechazó que la adjudicación dependa de quién reclama con mayor intensidad o consigue más visibilidad.
Riboyra atribuyó buena parte de la crisis a la paralización de programas y obras nacionales dispuesta por la administración de Javier Milei. Aseguró que la Provincia continúa construyendo con recursos propios y que ofrece las respuestas posibles dentro de esa restricción.
El recorte federal explica una porción decisiva del escenario, pero la admisión oficial mantiene el problema dentro de la gestión de Ziliotto: el organismo provincial administra el registro, las prioridades y las casas disponibles.
La escala de la demanda también supera programas anunciados previamente. En marzo de 2025, el Ejecutivo pampeano destinó $28.000 millones a una operatoria para financiar viviendas de 700 familias con lote propio.
Esa herramienta alcanzaba a hogares que ya disponían de terreno y, por su diseño, no resolvía la situación de buena parte de quienes dependen de una unidad social adjudicada por el IPAV.
Agencia NA
