Buenos Aires, 6 de agosto (NA) – Argentina arrastra una pregunta que ordena buena parte de su historia económica reciente: cómo financiar el desarrollo sin que las cuentas públicas vuelvan a desbordarse. Cada vez que el Estado intentó impulsar el crecimiento, la inversión o el gasto social sin una base de recursos sólida, el desenlace fue parecido: déficit, deuda, emisión e inflación. La tentación de repetir el ciclo sigue viva. Pero hay una salida que no depende de cobrar más, sino de cobrar mejor.
Conviene empezar por un dato incómodo. Argentina no es un país de baja presión tributaria: recauda alrededor del 27,6% del PBI, la segunda carga más alta de América Latina, detrás de Brasil. El problema no es tanto cuánto se cobra, sino sobre quién y cómo. Como la informalidad es cada vez mayor, esa presión se concentra en el sector formal, sobre el que la carga real trepa por encima del 42%.
El segundo problema es la estructura. El sistema descansa en impuestos indirectos (IVA, Ingresos Brutos, impuesto al cheque, retenciones) y muy poco en los que gravan ingresos y patrimonios. Eso lo vuelve regresivo: el decil más pobre destina más del 35% de sus ingresos a pagar impuestos, mientras que el más rico paga menos del 25%. El sistema tributario, que en la mayoría de los países corrige la desigualdad, en Argentina la agrava.
A la inequidad se suma la ineficiencia. Varios de esos tributos son especialmente distorsivos: las retenciones desalientan exportar y producir; Ingresos Brutos se cobra “en cascada” en cada eslabón, por lo que castiga a las cadenas productivas largas y alcanza a las exportaciones; el impuesto al cheque penaliza bancarizarse y empuja al efectivo. Son gravámenes que atentan contra la competitividad y premian la informalidad. Y como la evasión es altísima (solo entre IVA y Ganancias de sociedades se pierden unos 8 puntos del PBI), el que sí paga lo hace por dos. No sorprende que Argentina tenga el récord regional de amnistías: 59 blanqueos en cuatro décadas que enseñaron que no cumplir puede ser un buen negocio.
Hay, además, un rasgo que agrava todo lo anterior: la inestabilidad. Las reglas cambian cada pocos años y la recaudación es fuertemente procíclica, sube más que la economía en los auges y se desploma en las crisis. Combinada con un gasto que también se mueve con el ciclo, esa dinámica arma una trampa: en la bonanza sobran recursos para gastar y en la recesión faltan justo cuando más se necesitan. De ese modo, el propio diseño tributario ayuda a fabricar los déficits que después hay que cerrar a las apuradas, casi siempre recortando lo que más cuesta reconstruir.
Acá está la buena noticia: todo esto se puede reformar sin perder recaudación. La propuesta no es subir la presión, sino redistribuir la carga hacia una estructura más simple, más progresiva y menos distorsiva.
En concreto: reducir o eliminar los impuestos más dañinos (retenciones, Ingresos Brutos, impuesto al cheque) y compensar esa pérdida fortaleciendo los que gravan ingresos altos, patrimonios y rentas de recursos naturales, que hoy aportan poco.
Un Impuesto a las Ganancias más amplio y mejor diseñado, sin exenciones injustificadas; una base más ancha que sume a quienes hoy no tributan; y una persecución en serio de la evasión. Ensanchar la base es lo que permite bajar alícuotas sin resignar ingresos.
La otra pata es el federalismo. Buena parte del desorden nace de que Nación, provincias y municipios gravan lo mismo sin coordinarse, con una Ley de Coparticipación de 1988 pensada para un país que ya no existe. Provincias que se financian solas en un 90% conviven con otras que dependen casi por completo de lo que gira la Nación, lo que debilita el incentivo a recaudar bien. Armonizar Ingresos Brutos, desactivar las “aduanas internas” que fragmentan el mercado y sancionar de una vez una nueva coparticipación haría al sistema más previsible para quien invierte y produce.
Nada de esto, por sí solo, genera desarrollo. Un buen sistema tributario no crea productividad ni reemplaza a la inversión, la educación o la estabilidad macroeconómica. Pero un mal sistema sí puede obstaculizarlo: cuando la estructura fiscal fomenta la informalidad, castiga exportar y cambia las reglas cada dos años, condiciona cualquier estrategia de crecimiento. Ordenarla es condición necesaria, aunque no suficiente.
En esta línea, Argendata acaba de publicar un nuevo tópico dedicado al sistema tributario argentino que pone datos y gráficos a buena parte de esta discusión: cuánto recauda Argentina, quiénes pagan, qué impuestos sostienen el sistema y cómo nos comparamos con otros países. Una radiografía para entender mejor dónde están los problemas, y también dónde hay margen para reformar.
La discusión no termina en cuánto se recauda. Un sistema más eficiente y equitativo mejora las condiciones para producir e invertir y, a la vez, recupera espacio fiscal para financiar lo que se dejó de financiar: salud, educación, ciencia e infraestructura. No para volver al déficit, sino precisamente para evitarlo. Porque el desarrollo sostenible no se financia gastando lo que no se tiene, sino construyendo un sistema tributario capaz de sostener, de manera estable, al Estado que ese desarrollo necesita.
Agencia NA
