Buenos Aires, 16 septiembre (NA) – La Comisión de Legislación Social y Salud de la Cámara de Diputados de La Pampa emitió el lunes 14 un dictamen favorable y unánime para crear una comisión investigadora sobre el desempeño de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, luego del procedimiento que separó a un bebé de la familia de contención que lo cuidaba de manera transitoria en Rancul.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el despacho dispuso que el cuerpo quede integrado por cuatro legisladoras, una por cada bancada: Silvia Larreta, del oficialista FreJuPa; Sandra Fonseca, de Comunidad Organizada; Gisela Cuadrado, de la UCR; y Noelia Viara, del PRO-MID.
El acuerdo transversal trasladó al plano institucional un reclamo que hasta entonces se había concentrado en un acampe y en presentaciones de la familia ante los poderes provinciales.
La novedad no fue el comienzo del conflicto. El bebé había permanecido bajo el cuidado transitorio de Ana Laura Pizzani y Joaquín Díaz hasta que, el 7 de septiembre, se ejecutó la entrega a la familia adoptiva seleccionada por la Justicia.
La pareja cuestionó la forma del operativo, aseguró que no pudo despedirse y luego instaló su protesta frente a la Casa de Gobierno y la Legislatura.
El Gobierno provincial sostuvo, al explicar aquel procedimiento, que cumplió una orden judicial y que se buscó la alternativa menos violenta. Esa defensa constituye el antecedente oficial del caso, pero no cerró la discusión sobre la actuación administrativa de los organismos dependientes del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos, a cargo de Diego Álvarez.
El dictamen del 14 abrió una instancia distinta: ya no se trata solamente de la acusación formulada por una familia, sino de una decisión unánime de una comisión legislativa para revisar el comportamiento del área ejecutiva.
La iniciativa pone bajo examen a la Subsecretaría conducida por Juan Pablo Bonino y a la Dirección General encabezada por Rodrigo Lofvall, sin que ello implique anticipar una conclusión sobre las presuntas irregularidades denunciadas.
La señal política más severa surgió del propio oficialismo. Larreta afirmó durante el debate que “cuando el funcionario no funciona, a veces también hay que tomar decisiones”, cuestionó el silencio institucional y remarcó que la responsabilidad primaria corresponde al Ejecutivo.
“Soy oficialista, del mismo gobierno al cual siempre defiendo cuando las cosas están bien y cuando están mal, no. Y esto está mal”, expresó.
La legisladora profundizó el planteo el martes 15 al reclamar modificaciones en los organismos provinciales de Niñez y sostener que existen funcionarios que no funcionan. El pronunciamiento agregó presión interna sobre la administración de Sergio Ziliotto, porque el cuestionamiento ya no quedó limitado a la oposición ni a los protagonistas del reclamo.
La comisión deberá distinguir el cumplimiento de la orden judicial de las decisiones administrativas, los registros del procedimiento, la comunicación con la familia de contención y la intervención de cada funcionario.
La existencia de control judicial sobre una medida de protección no exime al organismo provincial de documentar sus actuaciones ni convierte por sí sola las acusaciones en hechos probados.
Agencia NA
