Buenos Aires, 1 octubre (NA) — La defensa de Konstantin Rudnev volvió a cuestionar la pretensión de que el ciudadano ruso regrese a una unidad penitenciaria y puso el foco en su comportamiento durante los meses en los que permaneció bajo arresto domiciliario, en el marco de la causa en la que se le imputa presunta trata de personas en San Carlos de Bariloche.
Fuentes judiciales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el planteo fue expuesto por su abogado, Martín Sarubbi, en la audiencia celebrada el 28 de septiembre ante el Tribunal de Revisión, donde impugnó la decisión del juez de Garantías que había denegado un nuevo pedido de prisión domiciliaria.
Sarubbi calificó la resolución recurrida como “absolutamente arbitraria e infundada” y sostuvo que existían circunstancias posteriores que debían ser consideradas nuevamente antes de resolver sobre la situación del imputado.
Entre esas circunstancias, el defensor destacó el tiempo transcurrido bajo arresto domiciliario, el cumplimiento del régimen impuesto y los problemas de salud que, según afirmó, requirieron intervenciones quirúrgicas y períodos de reposo debidamente documentados.
El principal argumento de la defensa apuntó contra la persistencia del riesgo de fuga invocado en el expediente.
Sarubbi recordó que Rudnev llevaba más de cuatro meses en San Vicente, en el domicilio informado a la Justicia.
“Han transcurrido más de 120 días, 130 días, y excelencias, ¿saben dónde está el señor Rudnev? Ahí, en San Vicente, no se fue a ningún lado, no se profugó”, sostuvo durante su exposición.
El abogado extendió ese razonamiento a los restantes imputados y cuestionó la hipótesis de una supuesta organización transnacional con capacidad para facilitar una fuga, al señalar que los demás acusados también permanecieron en los lugares denunciados ante la Justicia.
“Si el señor Rudnev se hubiera querido profugar, lo hubiera hecho. ¿Saben lo que pasó en concreto? No lo hizo, está ahí”, remarcó.
La defensa planteó además que el cuadro médico de Rudnev debía ocupar un lugar central en la evaluación.
Sarubbi afirmó que su cliente atraviesa complicaciones de salud, necesita asistencia y todavía no cuenta con el alta médica contemplada en decisiones anteriores.
Sumó un problema adicional: Rudnev habla únicamente ruso y, cuando estuvo alojado en la Unidad 6 de Rawson, llegó a comunicarse con los médicos mediante Google Translate.
“¿Es razonable exponer a una persona con las dolencias que tiene Rudnev […] a retornar a una unidad para que se comunique con los médicos a través del traductor de Google?”, preguntó.
Sarubbi sostuvo también que ni la acusación ni la decisión de primera instancia habían explicado de qué manera concreta Rudnev podría frustrar actualmente los fines del proceso.
“No hay por qué presumir que de acá en adelante lo hará, porque si lo hubiese querido hacer ya lo hubiera hecho”, afirmó.
Para el defensor, el comportamiento mantenido durante la prisión domiciliaria constituye un elemento nuevo que debía modificar la valoración de los riesgos procesales.
Otro de los ejes fue el arraigo, ya que frente al argumento de que el imputado carecería de vínculos suficientes con la Argentina, Sarubbi señaló que reside con su esposa y que su condición de extranjero obliga a realizar un análisis diferente.
También cuestionó que se utilizaran en su contra dos pasajes aéreos adquiridos, según la defensa, antes de que Rudnev tuviera conocimiento de la existencia de la causa.
LA ASESORA DEL NIÑO, SIN OBJECIONES
La posición de la asesora de Niños, Niñas y Adolescentes, María Laura Irastorza, resultó especialmente relevante para el planteo de la defensa de Rudnev.
“Yo no voy a formular objeciones, no voy a formular una oposición al recurso que interpuso la defensa”, indicó.
La funcionaria explicó que no había recibido información de que la mujer o su hijo hubieran sufrido contactos, amenazas u hostigamientos durante el período analizado.
Irastorza consideró que las condiciones establecidas para el arresto domiciliario eran suficientes para cautelar los riesgos del proceso y proteger tanto a la mujer como al niño.
“Entiendo, al igual que lo postula la defensa, que 120 días de estricto cumplimiento de las obligaciones legales a cargo de Rudnev son una nueva circunstancia que debe ser valorada”, señaló, y destacó que el imputado permaneciera en el domicilio y que se hubieran informado las salidas motivadas por razones médicas.
La asesora puso especial énfasis en la evaluación médica prevista para el 1 de octubre y formuló una de las afirmaciones más fuertes de la audiencia: si los peritos oficiales ratifican las condiciones de salud informadas, el alojamiento de Rudnev en un establecimiento penitenciario podría convertirse en un “anticipo de pena cruel” que, a su entender, no estaría razonablemente justificado. Tras esa consideración, confirmó que no se opondría a que prosperara el recurso.
En la misma línea, la querella tampoco se opuso al pedido de morigeración. Su abogado manifestó que no advertía la necesidad de impulsar una medida más gravosa fundada exclusivamente en una protección que, según indicó, la propia mujer había manifestado no requerir frente al imputado.
Sarubbi retomó de inmediato esas intervenciones para confrontarlas con la postura acusatoria.
“El defensor de la víctima y la defensora del menor no formulan ninguna oposición y el Ministerio Público Fiscal parece pretender subrogarse por sobre lo que han manifestado expresamente ambas partes”, cuestionó, e insistió en que el cumplimiento del arresto domiciliario demostraba que los mecanismos de control habían resultado efectivos.
UN JUEZ QUE COMPARTIÓ LA POSTURA DE LA DEFENSA
Pese a esos argumentos, el Tribunal de Revisión rechazó la impugnación.
En sus fundamentos reconoció que el período de más de 100 días bajo arresto domiciliario sin incumplimientos constituía un dato que debía ser valorado, pero consideró que ese comportamiento no permitía concluir, por sí solo, que hubieran desaparecido o disminuido suficientemente los riesgos procesales establecidos por la Cámara Federal de Casación Penal.
Uno de los integrantes del tribunal introdujo un matiz significativo al explicar su voto.
Tras escuchar a Sarubbi, expresó: “Comparto su postura”, y recordó que anteriormente había votado a favor de otorgar la prisión domiciliaria.
Sin embargo, explicó que Casación había revocado aquella decisión y que, por tratarse del tribunal superior, debía partir de lo allí establecido: “Yo puedo decir que no las comparto, pero tengo que estar a lo que estableció ese superior jerárquico”.
La audiencia terminó así con varias posturas enfrentadas: la defensa con el pedido de mantener la prisión domiciliaria de Rudnev; la asesora del niño no se opuso y advirtió sobre un posible “anticipo de pena cruel”; la representación de la presunta víctima tampoco objetó el pedido e incluso uno de los jueces admitió compartir la postura de Sarubbi.
Aun así, el Tribunal de Revisión rechazó el recurso y mantuvo vigente la decisión para que Rudnev vuelva a un establecimiento penitenciario.
Agencia NA
