Buenos Aires, 3 octubre (NA) – La justicia venezolana absolvió al periodista Rory Branker, quien enfrentaba graves cargos por terrorismo, conspiración, traición a la patria y asociación para delinquir. La medida, que le otorga la libertad plena tras casi un año tras las rejas, fue confirmada públicamente por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), y marcó un hito en la situación de los comunicadores sociales en ese país.
El fallo definitivo estuvo a cargo del Tribunal Segundo de Juicio con competencia en terrorismo el pasado 2 de octubre. De acuerdo con el pronunciamiento emitido por la organización gremial a través de sus plataformas digitales, la resolución judicial deja sin efecto todas las restricciones legales que pesaban sobre el editor del portal de noticias La Patilla, culminando de esta manera un polémico proceso que debilitó su entorno personal y profesional.
Branker había permanecido bajo arresto en un calabozo estatal durante un extenso período que se prolongó hasta febrero de este año, momento en el cual se le concedieron ciertas medidas sustitutivas. El proceso penal en su contra despertó múltiples alarmas a nivel internacional por la severidad de los delitos imputados, los cuales suelen acarrear las penas más altas dentro del ordenamiento jurídico venezolano.
Este desenlace ocurre en una semana que analistas califican de inusual para el ecosistema de medios locales. La decisión judicial llega apenas 48 horas después de que los tribunales venezolanos también cerraran las causas penales abiertas contra otros dos profesionales de la comunicación.
El pasado miércoles las autoridades judiciales decidieron clausurar los expedientes de los reporteros Luis López y Gabriel González. Ambos comunicadores estaban bajo investigación por supuestos delitos de instigación a la violencia e incitación al odio, figuras legales frecuentemente cuestionadas por los defensores de los derechos humanos en la región.
El SNTP y diversos organismos internacionales mantuvieron un monitoreo constante sobre estos casos, lo que denunció de manera sistemática que el uso de imputaciones relacionadas con el terrorismo busca criminalizar la labor informativa. Aunque la dirigencia sindical celebró la restitución de derechos para Branker y sus colegas, insisten en que la libertad de expresión sigue bajo una presión institucional “constante”.
Agencia NA
