Buenos Aires, 6 octubre (NA) – La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso extraordinario presentado por el fiscal general Mario Villar para llevar ante la Corte Suprema la disputa por la competencia en la investigación por lavado de activos vinculada a la causa AFA.
La decisión fue adoptada por unanimidad por la Sala I, integrada por los jueces Diego G. Barroetaveña, Alejandro W. Slokar y Mariano H. Borinsky, que declaró inadmisible la presentación del representante del Ministerio Público Fiscal.
El recurso había sido interpuesto contra el pronunciamiento que resolvió que la investigación continuara ante la justicia federal y no en el fuero nacional en lo penal económico.
Según el memo de prensa, la causa está vinculada con una investigación por lavado de dinero en torno a una quinta ubicada en Pilar, provincia de Buenos Aires.
Los magistrados coincidieron en que el recurso extraordinario no reunía los requisitos necesarios para habilitar la intervención de la Corte Suprema en los términos del artículo 14 de la Ley 48.
Slokar sostuvo que la resolución cuestionada no constituía una sentencia definitiva ni equiparable a tal y consideró que la invocación de un supuesto “interés institucional” no había sido suficientemente justificada.
Barroetaveña señaló que las decisiones sobre competencia no revisten, como principio, carácter de sentencia definitiva, salvo circunstancias excepcionales, como una denegatoria del fuero federal o una efectiva privación de justicia, situaciones que consideró ausentes en este caso.
Borinsky, por su parte, sostuvo que tampoco existía una cuestión federal debidamente fundada que permitiera habilitar la instancia extraordinaria y señaló que la Fiscalía no había demostrado que estuviera comprometida la imparcialidad de los magistrados.
El juez también cuestionó las posiciones adoptadas por el Ministerio Público Fiscal durante la causa respecto de qué fuero debía intervenir en la investigación por lavado de activos.
Borinsky indicó que en una primera intervención la Fiscalía había postulado la competencia de un juzgado nacional en lo Criminal y Correccional Federal al considerar que el lavado de activos era un delito federal, mientras que posteriormente propició la competencia del fuero penal económico.
Para el magistrado, esas posiciones contradictorias reforzaban la aplicación de la doctrina de los actos propios de la Corte Suprema, que impide sostener actos incompatibles con conductas anteriores.
Con el rechazo del recurso extraordinario quedó vigente, en esta instancia, la decisión que asignó la investigación a la justicia federal criminal y correccional.
Agencia NA
