Buenos Aires, 11 octubre (NA) — El ex juez penal Daniel Llermanos afirmó que la tokenización de regalías y otros ingresos públicos puede convertirse en una vía de financiamiento para provincias y municipios.
“La idea es tomar el rumbo de la emisión de tokens de regalías de activos en sintonía con el proyecto de ley que ya fue presentado en el Congreso”, explicó el abogado.
El planteo lo hizo como asesor de la firma Oroblock, que promueve este esquema con el proyecto minero Corina en La Rioja.
Se refería a la iniciativa presentada en Diputados, que según Llermanos crea “un régimen de tokenización soberana de flujos productivos de recursos naturales estratégicos, no se tokeniza la soberanía, se tokeniza un derecho de cobro de ganancias”.
Para Llermanos, la principal ventaja para los Estados es poder adelantar recursos.
“Tiempo y precio. Una regalía que entra en cinco o diez años no pavimenta la ruta de este año. Tokenizar una parte permite traer ese flujo al presente, fraccionarlo y abrirlo a inversores que hoy no entran a un bono municipal opaco”, señaló.
Llermanos advirtió que el mecanismo tiene condiciones: “A cambio, el municipio acepta tres cosas que tiene que decir en voz alta: que el flujo puede no existir si no hay producción, que el inversor va a exigir información, y que la opacidad deja de ser una herramienta de gestión. Esa última es la que más resistencia genera. Y es, justamente, la que más le sirve al vecino”.
Consultado sobre si el esquema podría ser una deuda disfrazada, respondió: “Si se diseña mal puede convertirse en deuda. Por ejemplo si el municipio compromete el 100% de una regalía durante veinte años, eso es deuda, pero si compromete solo una fracción, con subordinación, con disparador de producción real y con la posibilidad de recomprar, es financiamiento atado a un flujo. La diferencia no es tecnológica. Es de contrato”.
Sobre los cuestionamientos vinculados a la soberanía, el abogado sostuvo: “La soberanía se pierde cuando se cede el recurso, el token, en el diseño del proyecto, es un valor negociable bajo la Comisión Nacional de Valores, emitido con aprobación provincial y asentado en nodos bajo jurisdicción argentina. No es una criptomoneda suelta ni un activo que cualquiera mina en un servidor de afuera”.
El planteo de Llermanos se apoya en un caso concreto: Oroblock impulsa la tokenización de derechos económicos vinculados al proyecto minero Corina, ubicado en las inmediaciones de la histórica mina La Mejicana.
Según la información publicada por Minerales del NOA S.A., empresa de exploración fundada en 2013 que lo incluye en su portafolio, Corina abarca 24.647 hectáreas distribuidas en once áreas, con expedientes iniciados entre 2022 y 2023.
Los minerales de interés son el oro, el cobre y la plata, y el proyecto se encuentra en etapa de exploración.
Manuel Arias, director financiero de la firma, asegura: “Estamos trabajando con provincias y municipios para estructurar la tokenización de regalías y de flujos derivados de bienes del dominio público”.
También aclaró que “aún sin la sanción de la ley, en el marco regulado por la Comisión Nacional de Valores ya hoy es posible tokenizar infinidad de activos que serán adquiridos por particulares y fondos de inversión de todo el mundo, pues Argentina reviste numerosas condiciones para ese mecanismo justamente por el estricto marco legal existente que da certeza de cobro al inversor”.
El geólogo Osvaldo Di Giorgio, asesor de la empresa, explicó la diferencia entre el recurso y sus ingresos: “Algunos funcionarios desconfían de la palabra ‘token’. Es oportuno explicar: Una cosa es el bien: el yacimiento, el recurso, la concesión, la obra pública, el inmueble del dominio público. Eso no se vende, no se grava y no se tokeniza. La otra es el flujo: la regalía, la participación, el canon o la ganancia que ese bien ya produce o va a producir”.
Y agregó: “El inversor compra un derecho de cobro, no un pedazo de la provincia. El dominio público sigue inalienable. Lo que circula es un crédito”.
En cuanto al marco normativo, el proyecto de ley define a estos tokens como valores negociables bajo control de la CNV.
Exige además un convenio entre la Nación y la provincia aprobado por la Legislatura provincial, y fija un tope del 20% del flujo futuro neto de cada proyecto.
Mientras tanto, la CNV mantiene desde junio de 2025 un régimen experimental de tokenización, prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2027, que admite fideicomisos financieros y fondos cerrados con oferta pública.
El debate sobre alternativas para la llegada de inversiones a Argentina se da en un escenario de fuerte restricción para las cuentas de las provincias.
Según la consultora Politikon Chaco, entre enero y julio de 2026 las transferencias no automáticas de la Nación acumularon una caída real del 83,2% frente al mismo período de 2023.
Agencia NA
