Buenos Aires, 18 octubre (NA) — La Procuración General de la Nación confirmó la recepción y el registro de una nueva denuncia disciplinaria contra el fiscal federal Oscar Fernando Arrigo, presentada por el American Council for Justice and Conflict Resolution (ACJCR), una organización con sede en Nueva Jersey, Estados Unidos, que cuestiona su desempeño en la causa contra el ciudadano ruso Konstantin Rudnev, imputado por presunta trata de personas en Bariloche.
Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, la confirmación llegó el viernes pasado, a las 16:05, por medio de un correo electrónico de la Mesa de Entradas Administrativa del organismo.
“Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de confirmar la correcta recepción y su registro como CUDAP:EXP-MPF:0001580/2026”, indicaba el mensaje.
Con ese paso, la presentación quedó formalmente ingresada en la institución que supervisa la actuación de los integrantes del Ministerio Público Fiscal.
La denuncia fue impulsada por la entidad que preside Stephen Eric Bronner, profesor emérito distinguido de Ciencia Política de la Universidad Rutgers.
El ACJCR promueve mecanismos de resolución pacífica de conflictos, facilita el diálogo entre sectores enfrentados y desarrolla iniciativas vinculadas con los derechos humanos.
La organización pidió que se investigue si Arrigo incumplió sus deberes de objetividad, legalidad y respeto de los derechos fundamentales durante la investigación contra Rudnev.
El planteo se centra en las posiciones de la Fiscalía sobre la prisión preventiva, en el tratamiento dado a las declaraciones de la mujer identificada como presunta víctima y en la valoración de los informes médicos que documentaron el deterioro de la salud del imputado.
En su escrito, el ACJCR explicó que resolvió formular una denuncia propia tras analizar los cuestionamientos presentados por otras organizaciones internacionales, entre ellas CAP-LC y el Observatorio Internacional sobre la Libertad Religiosa de los Refugiados (ORLIR), con sede en Italia.
“Si decidimos presentar una denuncia propia es porque, tras ese examen, llegamos a la convicción de que los hechos merecen una revisión disciplinaria independiente”, señaló la entidad.
La presentación estadounidense se agrega así a otras formuladas contra Arrigo ante las autoridades argentinas, en el marco de un creciente cuestionamiento internacional a su actuación en la causa Rudnev.
Según el entorno del imputado, también existen denuncias de particulares que no se hicieron públicas.
Uno de los ejes principales de la denuncia es la situación de Elena Makarova, la ciudadana rusa señalada como presunta víctima de trata, quien sostuvo en reiteradas ocasiones que no se considera víctima de Rudnev.
La organización recordó que el 13 de junio de 2025 la joven rusa envió una carta al juez federal Gustavo Zapata para pedir que se la excluyera de la nómina de víctimas, y que luego realizó otras presentaciones en las que cuestionó a la Fiscalía.
El ACJCR afirma que Makarova habría sido presionada para declararse víctima y que, tras dar a luz, permaneció alojada en condiciones restrictivas junto a su hijo recién nacido, según su propio relato.
También señala que la mujer denunció dificultades para comunicarse con su abogado y objetó el trato dado a sus escritos.
La entidad pidió determinar si esas manifestaciones fueron incorporadas y valoradas por el Ministerio Público Fiscal.
Otro punto central es la reiterada oposición de la Fiscalía al arresto domiciliario de Rudnev, pese a la existencia de alternativas al encierro y a los problemas de salud documentados a lo largo del proceso.
La organización reconstruyó las audiencias celebradas desde abril de 2025 y cuestionó tanto los sucesivos pedidos de prórroga de la prisión preventiva como los recursos interpuestos contra las resoluciones que habían habilitado una modalidad de detención menos gravosa.
En ese sentido, recordó que el 17 de octubre de 2025 el juez Gustavo Zapata concedió el arresto domiciliario con monitoreo electrónico, una decisión que luego fue revocada a pedido del Ministerio Público Fiscal.
Añadió que el 23 de abril de 2026 un tribunal de revisión de General Roca volvió a autorizar esa modalidad, pero que el 4 de junio la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a un recurso fiscal y la dejó sin efecto.
La entidad estadounidense consideró especialmente relevante el deterioro físico de Rudnev y las advertencias médicas incorporadas al expediente durante 2025 y 2026.
La presentación menciona problemas neurológicos, cardiovasculares y de movilidad, además de tres intervenciones quirúrgicas realizadas entre mayo y septiembre de este año, y pide que se examine si los fiscales ponderaron esos antecedentes antes de solicitar el regreso del imputado a una unidad penitenciaria.
El dato médico de mayor peso se incorporó el 8 de octubre de 2026, cuando el Cuerpo Médico Forense de la Justicia Federal concluyó que Rudnev no reúne las condiciones físicas para permanecer en una cárcel.
La evaluación se realizó el 1 de octubre en su domicilio de San Vicente, provincia de Buenos Aires.
El informe estableció que, al momento del examen, el imputado no estaba en condiciones de ser alojado en un establecimiento penitenciario, aunque también recomendó su internación en un hospital de alta complejidad, por considerar que la vivienda no era adecuada para su cuadro clínico.
“Esa conclusión de los peritos oficiales confirma que las advertencias de los médicos tratantes tenían fundamento objetivo”, sostuvo el ACJCR.
La organización reclamó que se investigue qué conocimiento tenían los representantes del Ministerio Público Fiscal sobre la salud de Rudnev y en qué fundamentos se apoyaron para insistir con su encarcelamiento, a fin de determinar si se respetaron los principios de necesidad, proporcionalidad y excepcionalidad de la prisión preventiva.
La denuncia apunta además a la eventual responsabilidad funcional de Arrigo como titular de la fiscalía de Bariloche y coordinador provisional del distrito General Roca.
El ACJCR reconoció que varias actuaciones estuvieron a cargo de los fiscales Tomás Labal y Gustavo Révora, por lo que aclaró que no le atribuye de manera automática esas decisiones.
No obstante, pidió establecer si Arrigo fijó, aprobó o consintió la línea de actuación sostenida por la Fiscalía durante el proceso.
En su petitorio, la organización solicitó que se requiera la documentación completa de la causa, que se analicen las conductas denunciadas y que se determine si hubo incumplimientos de los deberes previstos en la Ley 27.148, que regula el Ministerio Público Fiscal.
También pidió que su presentación se tramite junto con las de CAP-LC y ORLIR, por tratarse de hechos vinculados al mismo funcionario, y que, de confirmarse las irregularidades, se apliquen las sanciones disciplinarias correspondientes y se disponga el reemplazo de Arrigo en la causa.
Agencia NA
