Buenos Aires, 22 octubre (NA) — En una sesión maratónica, la Cámara de Diputados debatía esta madrugada en el recinto los proyectos que buscan atender la situación crítica del sobreendeudamiento y la morosidad familiar
El dictamen de mayoría es el del oficialismo y sus aliados del PRO y la UCR, y hace hincapié en brindar información detallada sobre créditos al usuario para prevenir situaciones irregulares, pero no interviene ni con tasas máximas ni con planes de refinanciación para deudores críticos.
El proyecto, basado en la educación financiera, se denomina “Ley de Transparencia Crediticia, Educación Financiera, Mitigación del Fraude Digital y Protección de los Consumidores”.
El miembro informante del dictamen de mayoría, Santiago Pauli (La Libertad Avanza) sostuvo que el proyecto apunta a generar “un marco común de reglas tanto para los que otorgan créditos como para aquellos que acceden al crédito”.
“Queremos que haya más crédito con las leyes del lado de los argneitnos y no en contra de ellos”, enfatizó el libertario fueguino, presidente de la comisión de Finanzas de la Cámara baja.
Uno de los pilares del proyecto es la transparencia y el acceso a la información de créditos al consumo, con especial detalle en los créditos de corto plazo, que son los que suelen tener tasas más altas.
Otros ejes de la iniciativa son la precancelación de deudas, la trazabilidad completa de sus obligaciones y el acceso gratuito al perfil de riesgo dentro de las entidades bancarias y las plataformas.
El proyecto de Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica, denominado “ley de regularización y alivio financiero”, declara la emergencia por 180 días y propone un régimen de refinanciación de al menos 12 cuotas, al cual pueden adherir personas que tengan una mora de más de 60 días y por montos de hasta dos canastas básicas totales hogar tipo 2 (actualmente 3.265.010 pesos).
En tanto, se fija como cuota máxima un monto que no supere el 30% de los ingresos de las personas.
Cada persona que voluntariamente desee adherir al régimen de regularización lo deberá tramitar ante su propio acreedor, y si este no admite la gestión, interviene el Banco Central.
Por otra parte, el proyecto de UP y PU le pone un límite a la tasa de interés vinculado al Costo Financiero Total, pero le garantiza a los acreedores una ganancia moderada, que consiste en un plus sobre la tasa de refondeo mayorista (TAMAR).
Un aspecto no menor del proyecto es que se condona el 100% de los intereses punitorios, respetándose el capital, y se ponen límites a los intereses compensatorios.
La iniciativa además incluye un capítulo de portabilidad financiera, otro sobre cobranzas abusivas y otro de educación financiera.
En desarrollo…
Agencia NA
