Buenos Aires, 29 de octubre (NA) – Un juez federal de California rechazó ayer el pedido del Gobierno de Donald Trump para separar los votos enviados por correo de más de 20.000 electores cuya ciudadanía estadounidense fue cuestionada por autoridades federales.
El magistrado David Ormond Carter sostuvo este miércoles que la medida alteraría procedimientos electorales ya iniciados, podría excluir votos de ciudadanos estadounidenses y vulneraría la facultad constitucional de los estados para organizar sus elecciones.
El Departamento de Justicia había demandado el 15 de octubre al estado de California y al condado de Los Ángeles, después de entregarles una lista de personas que dos organismos federales consideraron probablemente extranjeras.
El Gobierno pidió que los sufragios asociados con esos nombres no fueran contabilizados hasta verificar la ciudadanía de cada elector, aunque las autoridades californianas cuestionaron la exactitud y la metodología empleada para elaborar la nómina.
Carter calificó de impreciso el procedimiento federal de verificación y advirtió que imponer cambios técnicos durante una elección en marcha podría causar graves problemas operativos y privar del voto a personas habilitadas.
California envía boletas por correo a sus más de 23 millones de votantes registrados y, cuando se conoció el fallo, más de 3,7 millones de personas ya habían sufragado antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.
Funcionarios del condado de Los Ángeles explicaron que las boletas dejan de estar asociadas con la identidad del elector después de verificar la firma y abrir el sobre, como exige el sistema destinado a preservar el secreto del voto.
El Departamento de Justicia anunció ayer que apelará la resolución y solicitará una medida urgente ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito para impedir que los sufragios cuestionados sean incorporados al escrutinio.
Ese tribunal ya había desestimado el lunes una primera apelación del Gobierno porque el juez de primera instancia todavía no se había pronunciado, aunque dos de sus tres integrantes también expresaron dudas sobre los argumentos federales.
La demanda forma parte de una serie de intervenciones del Gobierno de Trump en procesos electorales estatales antes de los comicios que definirán el control de las dos cámaras del Congreso.
Agencia NA
