Buenos Aires, 2 de noviembre (NA) – El origen de la megacausa judicial que enfrenta a la Argentina en los tribunales federales de Nueva York se vincula con el ingreso del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, a YPF entre 2008 y 2011.
El reclamo civil, iniciado en el Distrito Sur de Manhattan, se cimenta en la presunta vulneración de los estatutos de la petrolera tras su estatización en 2012, según la información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas.
El desembarco de los Eskenazi comenzó a gestarse en febrero de 2008, cuando las firmas españolas Petersen Energía Inversora S.A.U. y Petersen Energía S.A.U. adquirieron un primer paquete del 14,9% de las acciones Clase D, en formato de American Depositary Shares, a la española Repsol.
En diciembre de ese año, el grupo amplió su participación al 15,46%, mientras que en mayo de 2011 ejecutó una segunda opción de compra que elevó su tenencia al 25,46% del capital accionario de la compañía.
La estructura de la operación no requirió un desembolso genuino de fondos propios a gran escala, ya que la compra fue costeada mediante dos líneas crediticias otorgadas por un sindicato de bancos internacionales y por la propia Repsol.
Como respaldo frente a eventuales incumplimientos, Petersen prendó la totalidad de sus acciones en YPF ante el Bank of New York Mellon, que actuó como custodio y agente de colateral.
El esquema de repago dependía de la distribución obligatoria del 90% de las utilidades de YPF en concepto de dividendos, además de un dividendo extraordinario inicial de 850 millones de dólares, de acuerdo con los contratos de crédito y el pacto de accionistas con Repsol.
Durante cuatro años, el modelo funcionó según lo estipulado y Petersen canceló sus servicios de deuda con los giros regulares de YPF.
Sin embargo, la solvencia de las empresas de los Eskenazi quedó atada al flujo ininterrumpido de dividendos, un esquema que se quebró cuando el gobierno nacional decidió intervenir la petrolera.
Agencia NA
